Transparencia Venezuela, 16 de mayo de 2022.- La sociedad civil organizada vuelve a estar en la mira del chavismo. Así lo deja claro la Asamblea Nacional electa en 2020 al retomar las discusiones sobre el cuestionado proyecto de Ley de Cooperación Internacional que, pese a ser similar al que reposa en las gavetas del Parlamento desde 2006, ahora contiene una nueva disposición muy peligrosa, pues daría a las autoridades la potestad de prohibir e incluso eliminar a las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles.
¿Cómo decretarían la muerte de una organización no gubernamental, una fundación o asociación en Venezuela?
Esto es lo que establece el artículo 26 del borrador que transcendió públicamente a principios de mayo:
“Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”.
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La vaguedad y amplitud de la disposición parece estar dirigida a inhibir a las organizaciones no gubernamentales, en especial de aquellas que vienen denunciando ante instancias internacionales la violación los de Derechos Humanos, el desmantelamiento del Estado de Derecho y hechos de corrupción.
¿Cuál sería el motivo para arremeter contra las ONG en Venezuela?
Si los señalamientos de las organizaciones no gubernamentales sirven para sustentar eventuales condenas internacionales y éstas a su vez son utilizadas por gobiernos extranjeros para justificar sanciones económicas o diplomáticas contra el Estado venezolano o contra funcionarios públicos e individualidades, entonces las autoridades podrían responsabilizar a las organizaciones por estas acciones.
El borrador de 26 artículos y dos disposiciones transitorias mantiene la obligación a las organizaciones civiles, tanto nacionales como extranjeras, de registrarse ante un organismo público para poder ejercer sus labores en Venezuela (artículos 21 y 22).
Igualmente se reitera, según el artículo 14, la creación del polémico Fondo de Cooperación Internacional, que se nutrirá de “los legados, donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras”.
¿El mismo presidente podría regular a las ONG a su voluntad?
El texto otorga al Presidente de la República la tarea de dictar un reglamento para regular los demás aspectos no previstos en la Ley de Cooperación Internacional. Algo que el jefe del Estado deberá cumplir en 90 días, de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda.
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Desde organizaciones como Acceso a la Justicia afirman que esto abre las puertas para que el Gobierno quien imponga restricciones u obstáculos adicionales a la labor de las ONG, en especial si opta por crear el organismo previsto en el artículo 11, que establece:
“Sin perjuicio de las competencias asignadas a otros ministerios, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá crear un órgano desconcentrado de carácter técnico especial, dependiente del ministerio con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulse el Estado, mediante la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Asimismo ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional en donde participe el Estado venezolano”.
¿Es o no es una amenaza a las ONG?
La iniciativa de impulsar la Ley de Cooperación Internacional ha sido duramente criticada desde el movimiento de Derechos Humanos.
“Creemos que lo que se intenta es promover obstáculos para nuestro trabajo y al mismo tiempo generar divisiones y fragmentaciones entre el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil, porque mientras el Gobierno de Nicolás Maduro tiende puentes con algunos sectores, avanza con este tipo de medidas contra otros”, denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien dijo que el texto es similar a uno que rige en Nicaragua, donde decenas de agrupaciones civiles ya han sido ilegalizadas.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Timoteo Zambrano, negó que el propósito del Parlamento dominado por el oficialismo sea acabar con las ONG y calificó este señalamiento como una “leyenda negra”.
“El proyecto de ley lo recibimos al llegar a la comisión, ya estaba, y apenas estamos empezando a discutirlo, es un proyecto al que le falta mucho camino por recorrer y que seguramente experimentará muchos cambios al momento de que sea llevado a la cámara. No quiero adelantar nada, pero el objetivo de la ley es buscar la transparencia en la cooperación internacional, nada más”, dijo el legislador en una reciente entrevista a Crónica Uno.
El diputado Timoteo Zambrano parece olvidar que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cuestionado el texto de la Ley de Cooperación Internacional, por considerarlo un riesgo para el derecho la asociación y a la participación en los asuntos públicos.
Las palabras de Zambrano contrastan con las sucesivas amenazas de voceros del chavismo contra las ONG en los últimos años.
“Vamos revisar las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países (…) Vamos aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciban financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. ¡Ya basta pues!”, soltó en 2020 el entonces presidente de la extinta Constituyente, Diosdado Cabello.