Transparencia Venezuela, 26 de abril de 2022.- Por considerar que violenta los derechos políticos de los venezolanos y socava el Estado de Derecho y la democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a derogar la norma que permite al Contralor General de la República las inhabilitaciones políticas de venezolanos para el ejercicio de cargos públicos, de designación o elección popular, hasta por 15 años.
La solicitud la formuló el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado en el que expresó su preocupación por el uso que las autoridades vienen dando a las inhabilitaciones políticas en Venezuela y como esta figura ha sido aplicada en los últimos años contra opositores y disidentes del chavismo durante procesos electorales.
La CIDH se hizo eco de las denuncias formuladas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las “megaelecciones” regionales y municipales, celebradas el pasado 21 de noviembre de 2021; en especial la referida al rechazo de 27 candidaturas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la excusa de que los postulados habían sido sancionados por la Contraloría General de República.
“Dicha decisión impactó desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, con 15 inhabilitaciones, y los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que recibieron al menos 3 inhabilitaciones”, citó la instancia con sede en Washington (Estados Unidos).
📍También te puede interesar: CIDH exige castigar muerte de cuatro yanomanis a manos de militares venezolanos
Solo entre 2002 y 2015, la Contraloría General venezolana, organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos, aplicó la inhabilitación política a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos. Entre ellos destacan el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, quien no pudo aspirar a la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008, ni participar en las presidenciales de 2012 porque fue sancionado en 2005 por la Contraloría General de la República.
Posteriormente, en 2017, el exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski y más recientemente disidentes del oficialismo como el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, han corrido con la misma suerte. Así lo denunció la organización Acceso a la Justicia, en un análisis en el cual sostiene que esta práctica ha sido utilizada por el chavismo para consolidar su hegemonía.
Repetición de las elecciones en Barinas, una muestra de arbitrariedad
En su comunicado, la CIDH condenó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió el conteo de los votos de la elección a la Gobernación de Barinas y posteriormente ordenó su repetición. “Ello, debido a que el candidato opositor que lideraba el escrutinio se encontraba inhabilitado, pese a que pudo inscribir su candidatura y que según directamente le informara a la Comisión, nunca fue notificado de la supuesta inhabilitación. La CIDH considera que estas decisiones representan una arbitrariedad dirigida a obstaculizar los derechos políticos de personas opositoras”, expresó la instancia.
Tras recordar que, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado venezolano por el uso de la figura de inhabilitación política en Venezuela, la CIDH reiteró que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”.
📍También te puede interesar: Los abusos del Sebin le cuestan a Venezuela un nuevo juicio internacional
Por último, la instancia recordó que el ejercicio de los derechos políticos constituye “un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”. Y, por ello, urgió al Estado a “reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos mediante reformas concretas, y garantizar que la Contraloría General de la República no siga imponiendo este tipo de sanciones de cara a futuros eventos electorales”.