Transparencia Venezuela, 16 de junio de 2022.- Por considerar que su “lenguaje ambiguo” puede abrir las puertas “restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras de Derechos Humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Asamblea Nacional electa en 2020 a desechar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que en la actualidad analiza.
La solicitud la formuló la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado que emitió conjuntamente con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el cual además instó a las autoridades venezolanas en su conjunto a cesar la campaña de ataques, hostigamiento y criminalización que mantienen contra los activistas y las agrupaciones que promueven las garantías fundamentales.
La CIDH y la Relatoría expresaron su preocupación por el contenido del artículo 26 del borrador de la Ley de Cooperación Internacional, el cual contempla la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil que “directa, o indirectamente, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.
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Tras recordar que “la libertad de asociación es fundamental para ejercer la labor de defensa de Derechos Humanos”, las instancias denunciaron que “el lenguaje ambiguo de esta iniciativa pueda dar lugar a una interpretación subjetiva por parte de autoridades –en particular si las actividades realizadas por las organizaciones de Derechos Humanos en el país serían contrarias a los intereses del Estado–y conduzca a su cancelación arbitraria”.
El financiamiento internacional a las ONG no es delito
La Comisión y la Relatoría también manifestaron su preocupación por las disposiciones que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a registrarse ante el Estado venezolano, por considerar que estos requisitos podrían buscar impedir el funcionamiento de estas agrupaciones. “Tal como ha establecido la Corte Interamericana, la libertad de asociación debe garantizarse sin intervención o presiones de autoridades que limiten, entorpezcan o alteren el ejercicio de este derecho”, recordaron.
Asimismo, dejaron en claro que el hecho de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos organizados reciban fondos del extranjero para desarrollar proyectos de promoción de los Derechos Humanos o para combatir la pobreza no es un crimen.
“Recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los Derechos Humanos está protegido por la libertad de asociación. Al respecto, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Declaración sobre Defensores, ha señalado que es legítima la recolección de donaciones y contribuciones de organizaciones gubernamentales e intergubernamentales extranjeras por parte de individuos, grupos e instituciones dedicadas a la promoción y protección de Derechos Humanos”, recordaron.
El proyecto de Ley de Cooperación Internacional establece un Fondo a donde irían los recursos obtenidos por particulares y los cuales serían distribuidos, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno venezolano.
Clima preocupante contra defensores de Derechos Humanos en Venezuela
La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión también instaron a las autoridades a garantizar a los activistas y las organizaciones no gubernamentales poder desempeñar sus labores sin temores, poniendo fin así al actual “contexto adverso” constituido por “recurrentes campañas de desprestigio, estigmatización, actos de hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos como consecuencia de sus actividades”.
Hace apenas unas semanas el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, demandó a los activistas Marino Alvarado (Provea) y Alfredo Infante (Centro Gumilla) por el simple hecho de que estos denunciaron que la Policía de Carabobo era el organismo regional que más señalado de cometer ajusticiamientos y pidieron al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar esta situación.
