Transparencia Venezuela, 7 de febrero de 2022.- Tomar medidas “sin dilación” para frenar, investigar y castigar las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes policiales y militares. Estas fueron las exigencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al Gobierno de Nicolás Maduro, luego de expresar su alarma ante las informaciones que aseguran que al menos 27 venezolanos habían sido asesinados antes de culminar la primera quincena del 2022, en operaciones contra el crimen.
El requerimiento lo formuló la instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado difundido el 29 de enero, en el cual la CIDH reiteró que “la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas”.
El pronunciamiento de la CIDH se produjo luego de que la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional revelara el pasado 11 de enero que 27 personas habían perdido la vida a manos de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el organismo más señalado de cometer este tipo de crímenes.
En lo que va de mes hasta #hoy, #11E, van al menos 27 “abatidos” en manos de cuerpos de seguridad del Estado y GNB, según registro de Control Ciudadano
La PNB lidera las ejecuciones potencialmente ilícitas#AlertaDeControlCiudadano #ObservatorioMilitar#ObservatorioDeSeguridad pic.twitter.com/WhbxHlb8MA
— Control Ciudadano (@ovesede) January 11, 2022
Ese registro coincide con el patrón expuesto por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la propia OEA. “El 80% de las víctimas tenían menos de 25 años, 99% eran hombres en situación de pobreza y en un 80% de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes”, denunció la CIDH, que se hizo eco del perfil elaborado por el Comité de Familiares de Víctimas de El Caracazo (Cofavic), organización que ha dedicado las últimas dos décadas a estudiar a fondo el fenómeno.
Pobre no es sinónimo de criminal
La Comisión aprovechó el caso de ajusticiamiento de venezolanos para exhortar a los Estados de la región a mejorar el entrenamiento de sus policías y que se erradiquen actuaciones basadas en estereotipos. “Los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”, apuntó la instancia.
Cofavic ha contabilizado 9.211 ajusticiamientos desde 2016 hasta 2021, lo cual supone que cada día cinco venezolanos fueron asesinados por aquellos que tienen la misión legal de protegerlos. La mayoría de estos casos son presentados como “enfrentamientos” y actos de “resistencia a la autoridad”.
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Esta es la segunda vez en menos de un mes que el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela sale a relucir en instancias internacionales. El pasado 25 de enero, durante el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que se sometió el país, los abusos y de la letalidad de las fuerzas policiales fue uno de los asuntos más abordados.
Pese a que no hay cuerpo exento de esta práctica y a que los casos se producen en toda Venezuela, las autoridades niegan que haya una política sistemática de exterminio y aseguran que están tomando medidas para castigar estos crímenes. Así en diciembre pasado, el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab aseguró que desde 2017, unos 820 funcionarios han sido imputados por incurrir en presuntas vulneraciones a los derechos humanos, lo mismo que 40 particulares. Del total de 820 funcionarios los tribunales condenaron a 210, según lo informó el fiscal general.
#EnVideo📹| Fiscal General de la República, @TarekWiliamSaab presentó el balance en materia de la defensa de los Derechos Humanos. Destacó que se realizó la condena de 210 funcionarios por violaciones a los DD.HH. #22AñosConstituciónBolivariana pic.twitter.com/OIfFqPVzjc
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 15, 2021
Pero los hechos ponen en tela de juicio la voluntad real de las autoridades para castigar las ejecuciones extrajudiciales. Vale recordar que hace año ocurrió la llamada masacre de La Vega, en la cual funcionarios de distintos cuerpos policiales dieron muerte a decenas de personas en un operativo que buscaba desarticular la banda de “El Coqui”. No obstante, el tiempo transcurrido el Ministerio Público no ha informado qué ha pasado con las investigaciones que inició, en virtud de las denuncias que indicaban que los fallecidos no estaban involucrados con la organización criminal.