La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, cuestiona en este artículo realizado con motivo del lanzamiento de Suprema Injusticia, las desviaciones del Poder Judicial venezolano y destaca que los ciudadanos tienen el deber de vigilar la aplicación de la Justicia en el país
Transparencia Venezuela nos abre a todos el portal web Suprema Injusticia, entiendo, con la finalidad de que toda persona pueda ejercer el control de la gestión pública de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes están obligados constitucionalmente a facilitar ese control.
¿Por qué los magistrados, cuando las decisiones le interesan al Gobierno, lo complacen siempre? El incumplimiento reiterado de los magistrados de la primacía constitucional a la que están sometidos, los ha colocado por encima de la Constitución, la interpretan a su conveniencia, escribiendo otra, cada vez que sentencian, violándola y siendo personalmente responsables de tales decisiones.
Para ser República necesitamos un “Poder Judicial autónomo e independiente”, como manda la Constitución. Para ello, también necesitamos ejercer el derecho ciudadano a participar en la formación, ejecución y control de la gestión de la Justicia, más cuando formamos parte del sistema de administración de Justicia. Por cierto, ese es el fundamento del Bloque Constitucional de Venezuela. Ser abogados/ciudadanos y ciudadanos/ciudadanos.
La Constitución que nos rige por primera vez estableció a texto expreso, a la Justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y lo hizo para caracterizar lo que somos: un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Ello significa que esa exigencia normativa junto con la supremacía constitucional, hacen que el Poder Judicial y el Sistema de Justicia emanen de la soberanía popular, y a ella están sometidos. Igualmente, tenemos que destacar cómo la Constitución establece que la potestad de administrar Justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.
¿Sabrán los actuales magistrados (32) del TSJ y más de 2000 Jueces lo que significa esta responsabilidad? Lo saben, pero el cargo que ocupan, su elección y desempeño está indisolublemente unido a cumplir el mandato político por el que se les nombra para que toda iniciativa, decisión o abstención del Gobierno, quien en definitiva es quien termina sentenciando, sea respaldada y “legitimada” por sus propias decisiones.
¿Saben cómo se llama eso? ¡Eso se llama corrupción! ¡Corrupción judicial!
Todos los jueces de la República, sometidos a las decisiones del TSJ, resultan contaminados por su mal ejemplo y falta de ética; y de no acatar las órdenes de arriba, serán ellos sometidos a la jurisdicción disciplinaria judicial a cargo de jueces políticos constituidos en los tribunales disciplinarios.
¿Por qué he usado el término corrupción judicial para referirme a decisiones o sentencias del TSJ y, en particular, de la Sala Constitucional?
Cuando examinamos el término corrupción (del latín corruptĭo, corruptiōnis, a su vez del prefijo de intensidad con- y rumpere ‘romper, hacer pedazos’), es la acción y efecto de corromper, echar a perder algo, se refiere a la alteración, descomposición o putrefacción en este caso de la Justicia, asociada principalmente a los procesos políticos, cuando estos son transformados para ser usados en satisfacción o protección personal, dejando de lado la preocupación por el servicio a la comunidad.
Así, la corrupción puede entenderse como la falta de virtud de los magistrados. El hombre es un ser racional y su virtud reside en la búsqueda de la verdad y la razón, los cuales se convierten en sus principios rectores, de tal manera que, cuando éste actúa en contra de tales principios, está siendo corrupto.
Violan la exigencia constitucional de independencia y autonomía así como la garantía de imparcialidad que se exige a los magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos desde la fecha de su nombramiento hasta su egreso del cargo, exigiendo expresamente la Constitución un rotundo No (art. 256) a las actividades de activismo político partidista.
Esa actividad que precisamente hacen a través de sentencias, nombramientos y remociones de jueces, directa o indirectamente. Inclusive, han llegado a publicar un “Plan Estratégico del Poder Judicial” que precisamente reconoce que están en la construcción de la sociedad socialista de Justicia y equidad; igualmente, declara el culto a la personalidad del fallecido presidente Hugo Chávez, quien dicen sigue ejerciendo un liderazgo popular, y acompañan los esfuerzos del jefe de Estado, Nicolás Maduro, por aportar a la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Qué falacia.
Por tanto, los magistrados, jueces y defensores, así como fiscales que están parcializados a favor del Gobierno y del proceso socialista, son personalmente responsables de sus actuaciones y tendrán que responder por ello ante la Justicia. Estamos ante magistrados corruptos.
Una segunda consideración: el abuso de poder o mala conducta realizada en el ejercicio de las funciones de quienes detentan la función de magistrados. Han degradado la Justicia por sus comportamientos impropios, dictando de manera conjunta (siempre que tienen una decisión ultra política dictan sentencias conjuntas) sentencias que violan la obligación legal de designar un ponente, caracterizado por la corrupción lingüística de la Constitución, alterando la sustancia de las normas, todo para introducir cambios intencionados, solo con el ánimo de decir la última palabra y favorecer a quienes creen los protegen, por pertenecer a la misma secta política que está en el poder.
El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido, o bien sancionado por el sistema legal y/o sistema judicial, y también al no respeto por los derechos, tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto. Así, la injusticia es el beneficio de algunos, en pos del perjuicio de otros.
La injusticia no aparece solamente en la ley y en el incumplimiento de esta, sino en el día a día, cuando alguno de los valores, como el respeto, la verdad, la solidaridad o la ética, no se toma en cuenta y son dejados de lado. Por lo tanto, un cambio de actitud ante pequeñas o grandes situaciones que nos parecen injustas, será el único camino hacia el logro de sólidas estructuras de Justicia.
En Venezuela sufrimos, además de la injusticia judicial, de la injusticia social y política. La segunda se conoce como la desigualdad de condiciones que se presenta en una sociedad como resultado de la discriminación que sufre un grupo respecto a otro. La injusticia social puede ser vista como un déficit en el acceso a los derechos, bien sean económicos, políticos y sociales.
A diario, vemos en el país cómo se vive una situación de injusticia social, siendo los más vulnerables aquellos que son catalogados como pobres. No solo sufren carencias económicas y falta de oportunidades (alimento, educación, empleo), sino también la discriminación social por parte de un sector de la comunidad, e inclusive, el Gobierno establece planes económicos que empobrecen aún más a quienes se encuentran en esta situación, aunque su discurso trate de mostrar que todo lo hacen por el pueblo.
En virtud de ello, el principal responsable para acabar con las injusticias sociales es el propio ciudadano, con un cambio de actitud, exigiendo con firmeza y fuerza los derechos que le corresponden para lograr unas estructuras sólidas de Justicia.
Tenemos que manejar el concepto que el Derecho es Justicia, el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo.
No quiero dejar la palabra sin referirme al compromiso que como mujeres tenemos con la Dama de la Justicia. Ella nos representa con los ojos vendados, una balanza en la mano y una espada en la otra.
Los ojos vendados pretenden destacar que la Justicia no mira a las personas, sino los hechos, es decir, que la Justicia es igual para todos. La venda en los ojos representa la objetividad en que la Justicia es o debería ser impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad. La Justicia es ciega por imparcial.
La balanza representa el juicio que determinará poniendo a cada lado de la balanza los argumentos y pruebas, esa balanza suspendida en su mano derecha mide la fuerza de apoyo de un caso y la oposición, y la espada expresa que la Justicia castigará con mano dura a los responsables o culpables y la mayoría de las veces esa espada de dos filos en su mano izquierda simboliza el poder de la razón y la Justicia, que puede ser ejercido a favor o en contra de cualquiera de las partes.
El hombre está ante la Dama de la Justicia para cumplirla y la mujer ejerciéndola y mostrando la manera de lograrla. Buena alegoría para empezar a recomponer la Justicia.
