Transparencia Venezuela, 26 de julio de 2022.- “Letra muerta”. Esto es lo que ha resultado ser la última reforma que la Asamblea Nacional electa en 2020 realizó al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en septiembre pasado. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al ver el desarrollo del proceso seguido contra los tres activistas de Fundaredes.
Este lunes 25 de julio estaba pautada el inicio del juicio por terrorismo, incitación al odio y traición a la patria contra Javier Tarazona, director de la organización de Derechos Humanos Fundaredes; su hermano Rafael y el activista Omar de Dios García. No obstante, la jueza 3 de Juicio con Competencia en materia de Terrorismo de Caracas, Alexis Vera, decidió aplazarlo para el próximo 8 de agosto, informó el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.
“Por motivos de que desconocemos el juicio se no se inició. Estaban todas las partes presentes, Fiscalía, el juez, el tribunal estaba perfectamente habilitados y estábamos nosotros (la defensa). Sin embargo, se acordó la diferir la apertura del juicio”, afirmó el penalista, a través de un video difundido por su cuenta de Twitter.
«Se ordenó diferir para el 8 de agosto la audiencia de apertura de juicio contra los activistas de @FundaREDES_«. @HimiobSantome, director de @ForoPenal pic.twitter.com/wuEeLsNs8n
— FundaREDES (@FundaREDES_) July 25, 2022
Este aplazamiento se suma a la larga lista que se han registrado en este proceso desde que Javier Tarazona de Fundaredes y los otros dos activistas fueran detenidos el 2 de julio de 2021, luego de que acudieran al Ministerio Público del estado Falcón a denunciar que estaban siendo hostigados por fuerzas de seguridad. Una persecución que se inició tras las denuncias que hicieron sobre los abusos cometidos por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) durante las operaciones contra las disidencias guerrilleras colombianas en el estado Apure.
Las demoras e incumplimientos de los lapsos procesales en este caso ponen en duda la efectividad de la última reforma del COPP, que para combatir el retardo procesal redujo los plazos para celebrar audiencias preliminares y de juicio.
Pisoteando la ley con el caso de Fundaredes
Tarazona y los otros dos activistas de Fundaredes tuvieron que esperar hasta 13 ocasiones para se celebrara el acto donde se decidió sentarlos en el banquillo de los acusados.
Al revisar el artículo 309 del COPP se muestra que:
- El artículo 309 del COPP redujo a cinco días el plazo para celebrar las audiencias preliminares en caso de estas sean diferidas, por algún motivo u otro.
- Lla norma mantiene que la ausencia de la víctima no impedirá su celebración, mientras que solo permite a la defensa privada faltar en una ocasión a este asunto, pues de no asistir nuevamente puede ser reemplazado por un defensor público.
- En el caso de que sea el imputado quien se ausente y tenga una medida cautelar, el juez puede ordenar su arresto; y, en el caso, de que esté detenido en una prisión, pues se asume que “no quiere hacer uso de su derecho a ser oído” y se termine el juicio en ausencia.
- Pero si el acto no se celebra por culpa de la incomparecencia de los jueces, fiscales o defensores públicos, cualquiera de las partes puede solicitar a sus superiores que tomen medidas disciplinarias contra el responsable del retraso.
Visto lo visto, esta norma ha sido ignorada.
Pero no solamente la disposición antes mencionada no ha sido acatada, la misma suerte corrió el artículo 325, el cual establece que el acto de apertura de juicio deberá celebrarse entre 5 y 10 hábiles después de que se acuerde enjuiciar a alguien.
El pasado 9 de diciembre el Tribunal 3 de Control contra el Terrorismo de Caracas finalmente decidió autorizar el enjuiciamiento de los miembros de Fundaredes, pero nada menos que 7 meses después esto ni siquiera ha ocurrido aún.
Motivo de preocupación internacional
El caso de Javier Tarazona y de los otros dos activistas ha disparado las alarmas en instancias internacionales. Así la saliente alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en sus últimos dos informes sobre Venezuela ha expresado su preocupación por este proceso y, en particular, por la condición de salud del director de Fundaredes, quien ya ha cumplido 1 año tras las rejas.
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“Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse”, denunció en marzo, mientras que en junio pasado demandó de las autoridades que atiendan con celeridad las peticiones del detenido para ser enviado a un centro de salud para recibir tratamiento médico.
