Caso Albán: Una condena con sabor a impunidad

Transparencia Venezuela, 16 de diciembre de 2021.- Culpables. Así se declararon los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Miguel Dos Santos Rodríguez y Keibert Cibelli Moreno, quienes admitieron que en octubre de 2018 dieron muerte al concejal opositor Fernando Albán, mientras lo tenían bajo su custodia, informó el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab. El funcionario reveló que en virtud de esa confesión los acusados fueron condenados a cinco años y diez meses de cárcel.

La decisión la habría tomado un tribunal de Primera Instancia el pasado 3 de diciembre, agregó el titular del Ministerio Público, quien consideró que esto demuestra que su despacho “siempre está atento a estos casos (de violaciones a los Derechos Humanos) hasta recibir condenas contra los involucrados”.

No obstante, el dictamen tiene un sabor a impunidad difícil de digerir para la familia del concejal Fernando Albán, para los juristas y para los activistas de Derechos Humanos. ¿La razón? En primer lugar, la pena impuesta implica que los ahora sentenciados no continuarán en la cárcel.

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en el título II de su libro tercero, define a los delitos menos graves como aquellos “delitos de acción pública previstos en la ley, cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho años de privación de libertad”.

Asimismo, establece que aquellas condenas que no superen ese límite no se pagarán con cárcel, sino con otras medidas de restricción a la libertad como prohibición de salida del país o régimen periódica de presentación contra los tribunales.

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En segundo lugar, la acusación de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada parece no ajustarse con lo ocurrido en el caso de Fernando Albán.

“El homicidio culposo es un acto que ocurre por un accidente, por una omisión o imprudencia”, explicó Ramón Aguilar, el abogado de la familia, quien consideró que con esta calificación las autoridades han pretendido ocultar lo ocurrido.

Ni hablar de tortura

El concejal Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tras volver de una gira por Estados Unidos con dirigentes opositores.

Tras horas sin conocer su paradero su familia se enteró que Fernando Albán estaba en la sede del Sebin y su esposa pudo mantener una breve conversación con él.

Allí se supo que vinculaban al concejal con el fallido magnicidio ocurrido en agosto de ese año durante el acto aniversario de la Guardia Nacional.

El día 8 de octubre el fiscal Saab anunció que el edil se suicidó al lanzarse desde el piso 10 de la sede del Sebin de Plaza Venezuela. “Solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío”, declaró.

Minutos después el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol Torres, dio otra versión que comenzó a arrojar dudas. “Encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, escribió en Twitter.

La familia y amigos de Albán comenzaron a poner en duda las informaciones oficiales y comenzaron a asegurar que la causa de la muerte habrían sido las torturas que habría sufrido durante su detención, que luego pretendieron ocultar con el supuesto suicidio. Esta tesis no solo fue rechazada por Saab, sino que amenazó a quienes la sostenían con iniciar acciones judiciales.

Sin embargo, casi dos años después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ordenó al Ministerio Público reiniciar la investigación, por considerar que estaba viciada y este año, 2021, Tarek William Saab se desdijo de la versión del suicidio. No obstante, el fiscal impuesto por la extinta Constituyente no aplicó a los presuntos autores materiales la Ley especial para prevenir y sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que establece sanciones de hasta 25 años de cárcel.

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Saab tampoco indagó en las presuntas responsabilidades en las que habrían podido incurrir los superiores de los dos funcionarios ahora condenados. Unas omisiones que podrían facilitar la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso venezolano.