Transparencia Venezuela, 17 de octubre de 2023.- La denuncia pública es una herramienta poderosa con la que cuentan los venezolanos para exponer abusos y conseguir que los mismos sean corregidos, aunque sea parcialmente. El caso de los 33 hombres gay que en julio pasado fueron detenidos en un cuestionado procedimiento policial realizado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, es prueba de ello. La exposición del caso no solo forzó al Ministerio Público a dar marcha atrás y desistir de sus intenciones iniciales de procesar a los aprehendidos, sino que ahora ha servido para que a los policías que los detuvieron sean sometidos a investigaciones penales.
“Los funcionarios policiales que (…) participaron en el hecho están siendo investigados por haber ellos, de manera irregular, posteado fotos de los que fueron detenidos, sin que hubiera una investigación del Ministerio Público”, anunció el fiscal general impuesto la extinta Constituyente, Tarek William Saab, al comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para participar en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Venezuela
Casi tres meses después de ocurridos los hechos, Saab también anunció que los agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) involucrados en este hecho serán imputados por delitos de incitación al odio y trato cruel y degradante.
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Una decisión que parece insuficiente, pues en virtud de lo expuesto por las víctimas los uniformados que allanaron el club Avalon sin orden judicial y sin que tuvieran motivos para creer que dentro se estaba cometiendo un delito. Asimismo, los llevaron detenidos bajo engaño y no les permitieron comunicarse con sus familiares y abogados sino hasta horas después de lo ocurrido.
“Los policías dicen que es una revisión de rutina y nos piden las cédulas para verificar si teníamos antecedentes o si estábamos solicitados (por la justicia). Luego nos dicen que la revisión va a ser en el Comando de la Policía Nacional Bolivariana y que debemos ir en calidad de testigos. Vamos en nuestros propios carros de buena fe”, narró Iván Valera Benitez, uno de los detenidos.
El caso de los 33: Intentando justificar lo injustificable
El caso de los 33 de Valencia fue abordado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros consideraron que se trató de un hecho que suponía un ataque en Venezuela contra el colectivo de lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex (LGBTI+). Una versión que las autoridades negaron.
“(El procedimiento) no tiene nada que ver con una violación con la identidad LGBTI”, aseguró Tarek William Saab.
Por su parte, la viceministra del Interior, Alana Zuloaga, consideró “desconsiderado” tanto para los organismos de seguridad del Estado como para el colectivo LGBTI+ decir que las detenciones se produjeron por la orientación o preferencia sexual de las víctimas.
“Los organismos de seguridad ciudadana atendieron unos llamados no porque estuviera la población LGBTI, sino porque era una denuncia por ruidos molestos”, aseguró la funcionaria.
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Una tesis que el fiscal Saab corroboró y aunque admitió que los detenidos “eran personas que no estaban al margen de la ley ni delinquiendo, sino que estaban allí como parte de lo que era el local” no explicó entonces por qué “se les detuvo preventivamente”.
El artículo 44 de la Constitución de Venezuela es claro cuando señala que “la libertad personal es inviolable, en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
El fiscal pretendió restar importancia al hecho, asegurando que los 33 hombres estuvieron “detenidos por muy escasas horas”.
Tampoco explicó por qué su despacho intentó en un primer momento procesarlos por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.
Tarek William Saab no informó si había tomado medidas contra los fiscales que conocieron el caso ni contra la jueza 5 de Control de Valencia, Marialba Villareal, quienes avalaron la actuación policial.
Buscando tapar el sol con un dedo
Pero Tarek William Saab no solo negó que lo ocurrido a los miembros del colectivo gay se pueda considerar un ataque por razones de sexo, género u orientación sexual, sino que también denunció la “mutación” del concepto de desapariciones forzadas para hablar de desapariciones forzadas de corta duración.
“Cuando por ejemplo alguien es detenido y según sus familiares no aparece, pero luego aparece, está reseñado y presentado, esto es usado para presentarlo como una desaparición forzada, algo rompe con la tradición en un tema tan duro”, dijo.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela de la ONU sostiene que la desaparición forzada de corta duración es una práctica recurrente en el país, aunque se ha venido reduciendo, al igual que las protestas antigubernamentales. Así en su último informe, publicado en septiembre pasado, la instancia informó que estaba investigando 19 casos ocurridos desde el año 2020, de personas – mayoritariamente militares disidentes y sus familiares- habían sido aprehendidos por organismos de seguridad e inteligencia y su paradero no se conoció sino hasta 10 días después
La postura del fiscal de la extinta Constituyente contradice abiertamente lo expuesto por los expertos y organismos especializados de la ONU que abordan esta gravísima violación a los Derechos Humanos.
“No hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona ha desaparecido, cada minuto de angustia que pasan sus familiares sin noticias de ella, es demasiado”, denunciaron en 2016 el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Las instancias han recibido información que señala que ha habido casos de personas que son detenidas brevemente por autoridades estatales, quienes luego se niegan a reconocer su detención, y no les permiten ponerse en contacto con sus familiares o con sus abogados, privándoles temporalmente de cualquier tipo de protección legal.
A principios de este año el Comité y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas iniciaron las consultas para emitir una declaración conjunta para definir las desapariciones forzadas de corta duración.
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