Pese a tener uno de los currículos más extensos, el cual incluye un doctorado en La Soborna de París y una especialización en la Universidad italiana de Boloña, y a contar con el respaldo del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, a la abogada zuliana Carmen Zuleta de Merchán le costó casi seis años que la Asamblea Nacional la designara como magistrada titular de la Sala Constitucional.
En el proceso de designación de magistrados de 2004 se quedó por fuera y debió esperar hasta el de 2010 para que por fin el Parlamento la nombrara, pero en el ínterin no estuvo de brazos cruzados porque presidió durante un tiempo a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y además cubrió las vacantes en esa instancia se abrieron.
Excolegas y exsubalternos de Zuleta califican su actuación como llena de luces y sombras. “Ha dictado sentencias o votos salvados donde ha dejado en claro su orientación progresista”, afirmó uno de los consultados quien recordó su objeción a la sentencia 190 de 2008, en la cual la Sala rechazó abrirle las puertas al matrimonio igualitario y consideró que con el mismo “dejó invisibilizado el problema de la intolerancia, del menosprecio o tratamiento degradante; y en general, de la exclusión social que afrontan las personas homosexuales o de identidad de género diversa; no por falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, sino por la falta de garantías a todos y cada uno de esos derechos”.
En esa ocasión la magistrada lamentó que sus colegas se hubieran limitado a decir que la Constitución solo prevé protección para las uniones entre hombres y mujeres y que no hubieran instado al Parlamento a buscarle un encaje legal a las parejas del mismo sexo como en otros países, con el fin de proteger a sus familias y no dejarlas desprotegidas.
Un año antes la funcionaria redactó uno de sus fallos más polémicos, el 626 de 2007, donde le negó cualquier beneficio a los policías metropolitanos condenados por el 11 de abril de 2002, por considerar que incurrieron en Delitos contra los Derechos Humanos.
Dos años más tarde la funcionaria dictó otra sentencia que generó revuelo, aquella donde abrió las puertas para que las empresas puedan ser perseguidas penalmente.“Las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal -imputabilidad-, puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que -en tanto función social- protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean éstas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societasdelinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir) implicaría -frente a novedosas formas de criminalidad- dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos en gérmenes para la sociedad”, dictaminó en la sentencia 834 de 2009.
El dictamen contradice la jurisprudencia de la instancia, la cual ratificó el principio jurídico “societasdelinquere non potest” (las sociedades no pueden delinquir) y que está recogido en la Constitución, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) donde se establece que la responsabilidad penal es individual.
Por las mujeres
Entre 2013 y 2015 Zuleta dirigió los tribunales especializados en violencia de género, pero antes de hacerlo fue la ponente de la sentencia 1268 de 2012, en la cual la Sala Constitucional permitió a las mujeres víctimas de violencia de género presentar acusación contra su agresor si el Ministerio Público no lo ha hecho una vez vencido el lapso con el propósito de crear las “condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos”.
En un entrevista a El Universal en 2013 la funcionaria defendió la creación del femicidio como delito, alegando que “el objetivo no es disminuir la violencia sino erradicarla”.
No obstante, este pronunciamiento en predios judiciales son muchos los que acusan a la magistrada de politizar estos juzgados. “Ella llamaba a los jueces para darles instrucciones de determinados casos”, comentó un exjuez, quien puso como ejemplo las presiones que sufrieron quienes tuvieron el caso de la guardia nacional que denunció al exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, de agredirla durante las elecciones presidenciales de 2013.
A lo largo de 2016 Zuleta ha participado del bloqueo que la Sala Constitucional ha impuesto a la Asamblea Nacional, aunque con sus matices, pues no suscribió la sentencia donde se le permitió al Banco Central de Venezuela (BCV) endeudarse sin solicitar la autorización de los diputados.
Juan Francisco Alonso
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