“Donde dije digo, ahora digo Diego”. Este refrán castizo parece guiar los pasos del magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Calixto Ortega, quien ahora avala con su firma sentencias en las que se cercena y se arrebata a la Asamblea Nacional sus competencias, pero cuando ocupaba una de las curules en el Parlamento condenaba los fallos mediante los cuales esa instancia se inmiscuía en asuntos que solo correspondían a los diputados.
En 2007, cuando se presentó el primer impasse serio entre la Sala Constitucional y el Legislativo por la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que la primera realizó mediante un fallo, en el cual estableció que los bonos no podían pecharse, Ortega fue uno de los parlamentarios que con mayor vehemencia criticó la actitud de la intérprete de la Carta Magna.
“Hubo una invasión de las funciones que corresponden privativamente a la AN y que excepcionalmente puede delegar, en el caso de una Habilitante, en el Ejecutivo Nacional (…) Aquí está dado algo que nadie, absolutamente nadie, solicitó y que definitivamente afecta las funciones de la AN”, se quejó en esa oportunidad el ahora magistrado, quien pidió respaldar el acuerdo que en esa oportunidad se aprobó contra la Sala.
Sin embargo, desde que en diciembre de 2015 fue designado como miembro de la Sala Constitucional ha redactado y firmado fallos que han hecho precisamente lo que antes criticaba, entre ellos el 460 de junio pasado, en el cual anuló la Ley Especial para Atender la Crisis de Salud.
No obstante, Ortega ha negado que estén cerrando al Parlamento y así el mes pasado, en declaraciones al diario zuliano Panorama, afirmó: “No todo lo que se aprueba en la AN se echa para atrás, sino lo que contradice la Constitución”.
Hasta ahora el TSJ, a través de las salas Constitucional y Electoral, ha dictado 27 sentencias con las cuales ha anulado ocho leyes ya aprobadas, dejó en suspenso otras siete, al tiempo que le arrebató varias competencias a los diputados como la de controlar a todos los poderes públicos y a la Fuerza Armada Nacional, dar el visto bueno a los préstamos que solicite el Banco Central de Venezuela o revisar sus propias decisiones.
La Ley que prohíbe el uso de los teléfonos celulares en las cárceles es la única norma que ha salido del Palacio Federal Legislativo sin ningún pero y que ya está en vigencia porque fue firmada por el presidente Nicolás Maduro.
El giro de Ortega sorprende, pues buena parte de su carrera política bajo el chavismo la desarrolló desde el Capitolio a donde llegó en 2000. Hoy es uno de los seis magistrados que alguna vez ocupó una curul bajo las siglas del extinto Movimiento Quinta República o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o algún aliado del chavismo.
Sin soportes
La designación de Ortega como magistrado no estuvo exenta de polémica. Así el Consejo Moral Republicano incluyó al exvicanciller, exencargado de negocios en Estados Unidos y exdiputado en la lista de 67 aspirantes a magistrado a los cuales puso reparos.
En el caso del ahora magistrado la instancia integrada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor general de la República, Manuel Galindo, se encontraron con que el entonces candidato no presentó los soportes que respaldaban lo que decía su currículo.
Juan Francisco Alonso
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