Hasta que en 2006 recibió la encomienda de enjuiciar –y condenar- a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y cinco agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) acusados por las muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en las inmediaciones del Palacio presidencial de Miraflores, pocos venezolanos habían escuchado el nombre de Marjorie Calderón Guerrero, porque hasta ese momento, la actual presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia no tuvo ningún caso de relevancia.
Sin embargo, esta abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1992 y que desde febrero de 2015 era bien conocida en predios judiciales, donde era vista como una abogada capaz, diligente, aunque nada fuera de lo ordinario. Al menos así lo aseguran algunos de los profesionales del derecho que junto con ella fueron designados, en 1998, como los jueces responsables de poner en marcha el nuevo sistema acusatorio que instituía el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que un año después entraría en vigencia.
Calderón había ingresado al Poder Judicial en 1990, donde ocupó cargos de secretaria y abogado relator, hasta que de la mano Roberto Delgado Salázar, uno de los últimos miembros del ahora extinto Consejo de la Judicatura, fue designada jueza itinerante. Gracias a este cargo terminó en Aragua como jueza de Primera Instancia y fue allí donde recibió la tarea de llevar el proceso contra los comisarios.
El comportamiento de la funcionaria, nacida en Carabobo el 17 de agosto de 1968, fue muy cuestionado, en particular el hecho de que el proceso se hubiera demorado tres años y de que no tomara en cuenta muchas pruebas que, según la defensa demostrarían la inocencia de los acusados.
En septiembre de 2012 ya defenestrado Eladio Aponte Aponte, quien fue presidente de la Sala Penal en varias ocasiones entre 2005 y 2012, admitió lo que muchos daban por hecho: Que esa condena fue decidida en Miraflores y que de poco valía el criterio de Calderón.
“Es un deber inaplazable, confesar ante ustedes, y ante todos, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar», aseveró el exfuncionario en una confesión escrita, notariada y apostillada en Costa Rica en abril pasado, en la cual remató: «Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó».
Calderón, de acuerdo a lo dicho por Aponte Aponte, cumplió las instrucciones al pie de la letra y por ello fue recompensada con el cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones de Aragua y luego como presidente del Circuito Judicial de esa entidad, hasta que en diciembre de 2014 la anterior Asamblea Nacional la nombró magistrada.
Otro elemento que el propio Simonovis ofreció para justificar el fallo en su contra es el hecho de que la funcionaria está casada con José Viamonte, quien fue diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al Consejo Legislativo de Aragua.
Su alineación con el oficialismo ha quedado plasmada en reconocimientos como el que le confirió la Comisión Permanente de Turismo y Recreación del Parlamento aragüeño por su “participación en la construcción de una Patria Socialista”, según se lee en la biografía que de la funcionaria tiene el TSJ en su sitio web.
Juan Francisco Alonso
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