Con 39 años de edad, Bárbara César Siero logró lo que muchos otros abogados no consiguen sino hasta su quinta década: Ocupar una de las 32 sillas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su elección en diciembre de 2014 como magistrada de la Sala Político Administrativa no sorprendió en predios judiciales, aún cuando jamás ocupó un juzgado relacionado con esa materia sino que siempre estuvo en la jurisdicción penal y además solo se desempeñó durante año y medio como jueza de primera instancia, tal y como consta en su currículo publicado en la web del órgano rector del Poder Judicial.
En el Palacio de Justicia de Caracas atribuyen su designación a dos motivos: La influencia que su padre, el general (r) Guillermo Enrique César; y sobre todo a su comportamiento al conocer la demanda que el entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, interpuso a principios de 2014 contra el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff. La querella era por un artículo aparecido en ese diario y firmado por Carlos Genatios, en el cual éste le atribuyó al legislador oficialista unas palabras que nunca pronunció.
“Mientras estuvo en el Tribunal 29 de Juicio de Caracas César fue la que le dictó la prohibición de salida del país a Petkoff y eso le hizo ganar puntos ante Diosdado Cabello”, afirmó una exjueza que conoce a la funcionaria y quien agregó: “Eso aunado a que su papá es un militar, que llegó a ocupar cargos de importancia en el Ministerio de la Defensa, le permitieron ser electa”.
Esa misma informante aseguró que desde que César llegó a los tribunales en 2013, procedente de la Defensa Pública, se destacó sobre los demás jueces. “Fue una de las jueces itinerantes que más juicios celebró y por eso fue designada como temporal y luego provisoria”.
Pero César no llegó al TSJ para ser una más del montón, pues a los meses de su designación por la anterior Asamblea Nacional presidida por Cabello se le encomendó la tarea de coordinar los tribunales especializados en Violencia contra la Mujer, los más nuevos del Poder Judicial.
Sin embargo, su gestión en estos casi dos años no ha sido bien evaluada, fundamentalmente por su desconocimiento de la materia. “César no estaba preparada para un asunto tan sensible como este”, agregó un juez de la jurisdicción, quien agregó: “Buena parte de los jueces que había, en los cuales se invirtieron fondos y tiempo en su formación y preparación, han sido removidos por criterios desconocidos”.
En el TSJ también lanzaron otras críticas a la funcionaria como el hecho de que todavía haya ocho estados que no cuentan con tribunales para atender los casos de violencia de género, pese a que la Ley les daba 12 meses para hacer esa tarea.
El mundo castrense ha jugado un papel importante en la vida personal y en la carrera de la magistrada. Prueba de esto no son solo los cursos de paracaidismo, de búsqueda, registro y localización de explosivos y de tiro de combate que ha realizado a lo largo de los años, sino también el hecho de que desde que llegó al máximo juzgadoCésar ha conocido casos relacionados con el mundo militar tales como el recurso de nulidad que el exjefe de seguridad de El Rodeo II, capitán Gamalier Camargo, interpuso en 2015 contra su pase a retiro por haber sido procesado en 2011 por permitir el ingreso de armas a esa cárcel; y actualmente tiene una demanda que un grupo de retirados, agrupados en la asociación Pichincha, interpusieron contra el Ministerio de la Defensa por discriminarlos económicamente.
La magistrada ha venido manteniendo los criterios sostenidos por la Sala Político Administrativa como los de rechazar los recursos que ciudadanos interponen contra el Estado. Así por ejemplo ha desechado decenas de casos de ciudadanos que demandan a algún organismo público por daños y perjuicios. La misma suerte han corrido también las acciones que abogados han interpuesto contra la Comisión Judicial, por considerar que fueron destituidos injustificadamente de sus cargos de jueces; y las de funcionarios o exfuncionarios que recurren las multas y otras sanciones que les ha impuesto la Contraloría.
Juan Francisco Alonso
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