Transparencia Venezuela, 24 de marzo de 2022.- La crisis venezolana volvió a ser analizada en la ONU la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentaron informes en los que se expuso que persisten las graves deficiencias y fallas en Venezuela que ponen en riesgo los derechos humanos en Venezuela, tras el análisis por parte de ambas instancias de los acontecimientos ocurridos en el país en los últimos seis meses.
En las llamadas actualizaciones orales que la exmandataria chilena y el grupo de investigadores de la Misión presentaron los pasados 16 y 17 de marzo ante el organismo con sede en Ginebra (Suiza) se resaltan medidas puestas en marcha por las autoridades venezolanas, tales como las reformas legales aprobadas por la Asamblea Nacional electa en 2020, el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en curso y las condenas judiciales impuestas contra alrededor de media docena de policías y militares implicados en casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet en su actualización afirmó que “algunas iniciativas de reforma abren nuevas oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de Derechos Humanos”.
Asimismo, aseveró que “la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores. En particular, la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa”.
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Pese a que Bachelet celebra los cambios normativos en Venezuela, espera que se apliquen genuinamente. “Estas reformas policiales y judiciales deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan y mi equipo está disponible para acompañar estos esfuerzos”.
Aseguró que el derecho al debido proceso y al juicio en libertad continúan sin garantizarse plenamente.
“De los casos individuales de preocupación planteados a las autoridades desde septiembre de 2021, 18 personas han sido liberadas. Al menos 6 personas permanecen bajo detención pese a contar con boletas de excarcelación, y al menos 22 han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención. De los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 12 personas siguen detenidas”, reveló.
Insistió en que las personas detenidas “deben tener acceso a una atención médica adecuada”.
La criminalización de la sociedad civil organizada también fue parte del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. “Desde septiembre, mi oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas”, manifestó al tiempo que expresó su preocupación por la situación de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien sigue detenido “y su salud parece deteriorarse”.
“Hemos documentado 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos, desde septiembre de 2021. Insto fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela”, acotó.
Michelle Bachelet también se refirió a la falta de acceso a la información.
“Continúo preocupado por la falta de disponibilidad de información pública. A pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre de 2021, no se ha publicado ningún presupuesto nacional desde 2018”, apuntó.
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Los integrantes de la Misión de Determinación de los Hechos, por su parte, advirtieron que “una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”.
La Misión asegura que pese a las modificaciones hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), para reducir lapsos procesales y la duración de la prisión preventiva, “todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada”.
La renovación del TSJ
Para Bachelet este proceso de “renovación” en el TSJ es un proceso importante en la búsqueda de la independencia del Poder Judicial venezolano.
“Saludo la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, que ha permitido un mayor número de candidatos. Este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del poder judicial de Venezuela, y hago un llamado a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesional de las y los candidatos en el proceso de selección”, apuntó.
Aseguró que las reformas policiales y judiciales “deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan”.
No hubo mención a que hasta el momento se desconoce la lista 254 postulados para magistrados (titulares y suplentes), para la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura, que el Comité de Postulaciones remitió al Consejo Moral Republicano o que los plazos para el proceso no se estén respetando.
En su intervención tampoco hubo posición sobre los diputados en ejercicio, algunos de ellos con nexos familiares con altas autoridades como el Contralor General de la República; rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), exprocuradores y diplomáticos en ejercicio que están aspirando a hacerse con una de las 20 sillas del TSJ.
Los integrantes de la Misión de Determinación de los Hechos afirman que la reforma a la Ley Orgánica del TSJ que ha dado pie al actual proceso de designación de magistrados venezolanos contiene disposiciones que “no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial”.
La Misión destacó que el Comité de Postulaciones Judiciales sigue bajo el control de la Asamblea Nacional, en contravención de lo dispuesto por la Constitución venezolana. La Misión resaltó que este último organismo se arrogó la potestad de nombrar a “figuras clave” del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
También la Misión rechazó una vez más que se abra las puertas para que los magistrados del TSJ en ejercicio se postulen a la reelección. Esto significa, que algunos estarán más de dos décadas en el máximo tribunal venezolano, si se concreta alguna reelección.
“La Misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución”, afirmó Marta Valiñas.
En este punto la Misión coincide con otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
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Derechos humanos en Venezuela: Caso Albán y Acosta Arévalo
Bachelet y la Misión consideraron que las condenas judiciales impuestas en casos como los del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo son pasos positivos, pero insuficientes.
“Desde septiembre de 2021, agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos emblemáticos, entre ellos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Estos son pasos en la dirección correcta, pero aún queda más por hacer. Mi Oficina ha colaborado con las autoridades competentes para fortalecer el marco jurídico para la prevención y la sanción de la tortura.”, dijo la exmandataria chilena.
Por su parte, Marta Valiñas en este tema insistió en que en estos casos no hay sanción para los funcionarios de la cadena de mando. Reiteró “la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos de Albán y de Acosta Arévalo son ejemplos de ello”.
En el caso del concejal Albán, la presidenta de la Misión reveló que los dos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) condenados en diciembre pasado por estos hechos ya están en las calles.