La medida especial dictada por el Ejecutivo en el segundo semestre de 2015 afectó a localidades de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. En todos los casos, los magistrados secundaron la iniciativa validando jurídicamente la tesis de Miraflores, que echó mano de este recurso bajo el argumento de que así combatiría “el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción” que atentan contra la estabilidad del país.
En total, la Sala Constitucional dictó 17 sentencias que declaraban la constitucionalidad de los decretos suscritos por el presidente Maduro y también respaldaban las prórrogas solicitadas por el Ejecutivo. Los municipios afectados por el cierre fueron los siguientes: Guajira, Mara, Almirante Padilla, Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, Catatumbo, Jesús María Semprún, Colón y La Cañada de Urdaneta (Zulia); Rómulo Gallegos, Páez y Pedro Camejo (Apure); Atures (Amazonas); y Lobatera, Panamericano, García de Hevia, Ayacucho, Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta (Táchira).
El cierre de la frontera se llevó a cabo a pocas semanas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, que la oposición terminó ganando por más de 2 millones de votos de diferencia para alzarse con la mayoría calificada de 2/3 de la Asamblea Nacional.
Tras conocerse la decisión de Maduro, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) publicó un comunicado en el que la rechazaba y advertía que podía ser utilizado como excusa para alterar el proceso electoral. “Este insólito por desproporcionado decreto de Estado de Excepción, emitido a sólo 109 días de unas cruciales elecciones parlamentarias, puede ser la vía de escape usada por el oficialismo para evitar una derrota tan inminente como segura, lo cual colocaría al país y con él a la región entera ante un muy grave riesgo de inestabilidad y violencia”, alertó la MUD a la comunidad internacional.
La oposición tachó de “inadecuados” estos decretos por considerar que “la situación de inseguridad que se vive en la frontera y la crisis económica que de manera aguda allí se presenta con el fenómeno denominado ‘bachaqueo’ y el tema del contrabando de extracción obedecen a causas profundas, surgidas o agravadas en los últimos 17 años y que afectan a todo el país”.
La inquietud por los efectos de los Estados de Excepción en la campaña electoral llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, alertó que restringir manifestaciones y actos públicos obstaculizaba “la difusión de las ideas políticas”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, repudió la medida, señaló que no podía servir de excusa para violar los Derechos Humanos en la zona limítrofe y recordó a su colega Maduro que Bogotá “no es la culpable de los problemas de Venezuela. Los problemas de la frontera no son nuevos (…) Se requiere cooperación en la lucha contra la delincuencia y la ilegalidad”.
Pese a las voces críticas que se levantaron tanto dentro como fuera del país, la Sala Constitucional del TSJ mantuvo su respaldo al Ejecutivo y posteriormente dio sustento a la determinación presidencial de prorrogar el Estado de Excepción en la frontera.
Extracto de la sentencia
se aprecia claramente que la prórroga de la medida declarativa del estado de excepción, obedece a que subsisten los motivos que la originaron, presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, un impedimento continuado al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas análogas, en los municipios sobre los cuales versa el Decreto sometido a examen, siendo ineludible para el restablecimiento del orden interno y el normal desenvolvimiento de las zonas afectadas, el resguardo y ponderación de las garantías esenciales protegidas, tanto nacional como internacionalmente, según la ley”.