Transparencia Venezuela, 5 de abril de 2021.- El ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela acarrea consecuencias judiciales. Así lo corrobora el caso de la escritora Milagros Mata Gil y del poeta Juan Manuel Muñoz, quienes el pasado Miércoles Santo fueron detenidos por compartir a través de la aplicación de mensajería Whatsapp un escrito que critica la asistencia del fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, a una doble boda en el estado Anzoátegui, en la que se no respetaron las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia y que habría sido un foco importante de propagación del covid-19 en la zona.
A los intelectuales, sexagenarios ambos, el Ministerio Público, a cargo de Saab, les imputó el delito de “instigación al odio”, contenido en la polémica Ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica, informó la organización Espacio Público.
Tras permanecer 24 horas tras las rejas, Mata Gil y Muñoz fueron excarcelados, pero eso no significó que hayan quedado en libertad plena. El Tribunal 3 de Control de El Tigre, en el estado Anzoátegui, les impuso la orden de presentarse cada 30 días ante esta instancia, confiscó sus teléfonos celulares y les prohibió declarar a los medios de comunicación sobre su caso.
La organización Espacio Público considera que este hecho estuvo plagado de irregularidades. ¿La razón? En primer lugar, ambos escritores superan los 70 años y según el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, de llegar a ser condenados “deben cumplir las medidas en su hogar”. Y, en segundo término, “la penalización de la expresión es inaceptable”, pues “el flujo de información y opiniones es requisito fundamental de una democracia”.
Tolerancia cero
La defensa de los escritores niega que ellos hayan escrito el texto “Fiesta Mortal”, en el cual se reseña una doble boda celebrada en el club Sirio de Lechería, en el estado Anzóategui, entidad que fue gobernada por Tarek William Saab – en representación del oficialismo– entre 2004 y 2012, antes de ser nombrado defensor del pueblo y fiscal general. El abogado de los intelectuales señalados solo admite que sus clientes sí compartieron el texto a través la aplicación Whatsapp.
“El afán de figuración social de los recién vestidos resulta tan gran como lo es su narcisismo, variante de la estupidez. Entonces, enviaron 800 invitaciones. Contrataron 200 personas para el manejo del catering, el bar y el servicio, ujieres, vigilancia, guardaespaldas, acomodadores, decoradores. Y eso sin mencionar el personal externo relacionado con los eventos al pantagruélico evento”, se lee en el artículo, en el cual se asegura que en la boda nadie utilizó tapabocas ni mantuvo distancia social.
“La fiesta fue un éxito. Y más que las novias, las estrellas fueron, dicen, Tarek Saab y su madre Alía”, agrega el documento, en el cual se cuestiona el comportamiento de la comunidad árabe: “Hubo un tiempo en el cual era una colonia modesta, disfrutaban de sus ganancias, pero sin ostentación”.
El Ministerio Público considera que el texto incita al odio, por cuestionar el comportamiento tanto de los organizadores de la boda como de los asistentes. Es de recordar que la acción de las autoridades frente a las llamadas “corona party” ha sido contundente contra los ciudadanos en varias regiones del país desde 2020. El estado Barinas, en enero de 2021, un total de 107 personas fueron detenidas por la Guardia Nacional por violar la cuarentena y el decreto presidencial de alarma nacional por el covid-19.
Espacio Público ha contabilizado desde 2020 y hasta marzo 37 detenciones de ciudadanos por publicaciones en línea. De este número el 48% (18) fueron por publicaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.
En su actualización oral, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas denunció que haber identificado 36 casos de presuntas detenciones arbitrarias desde septiembre de 2020. “Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al Gobierno y a personas relacionadas con él”, señaló la instancia.