La sentencia la hizo quien fuera el Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta junio de 2012, Santiago Cantón, al participar en el debate «Crisis Institucional y Estado de Derecho en Venezuela» celebrado en el Senado de Argentina y el cual se propuso analizar y discutir sobre las posibles salidas institucionales a este conflicto y sobre el rol que la comunidad internacional deberá desempeñar para poder garantizar la seguridad de los venezolanos.
“América Latina tuvo los mecanismos para evitar el quiebre democrático que se viene dando en Venezuela desde los tempranos años 2000 y no lo hizo” dijo Cantón al tomar la palabra en el evento organizado por Fundación Directorio Legislativo y en el que participaron también la diputada argentina Karina Banfi, la directora de Amnistía Argentina, Mariela Belski y la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.
“El caso venezolano evidencia que estamos ante un problema regional de defensa de la democracia” advirtió Cantón. “La Carta Democrática de la OEA no funcionó en Venezuela y ello nos lleva a un callejón y es que si se presenta otro caso como el de la nación caribeña, en el que el quiebre de la democracia se dio poco a poco, no tendremos cómo resolverlo”. El que es hoy secretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires, concluyó con la necesidad de que el país celebre elecciones para salir del conflicto por el que atraviesa.
La diputada Karina Banfi aseguró al tomar la palabra, que trabajarán con sentido de urgencia para lograr lo que se intentó sin resultados cuatro veces el año pasado, firmar un acuerdo en el que el congreso argentino se pronuncie por elecciones libres y con veeduría en Venezuela, el cual pretende, se convierta en un ejemplo para otros parlamentos. “Tenemos que acompañar el desenlace pacífico del conflicto con las herramientas que hay”, concluyó.
Para la directora del capítulo local de Amnistía, Mariela Belski, Argentina y Uruguay son de los pocos países con representación y liderazgo para contribuir a la superación de la crisis venezolana. Para dibujar la gravedad de la situación, Belski relató que desde 2014 Venezuela es considerada por el Movimiento como país prioritario dentro de una gama de 154 naciones; que han adelantado cuatro misiones y que luego de entrevistas a más de 2 mil personas, han constatado violaciones de derechos humanos de todo tipo, torturas y detenciones arbitrarias.
Mercedes De Freitas dibujó en detalle las precarias condiciones de vida en Venezuela, el descontento generalizado por el truncamiento vía judicial del referéndum revocatorio contra el Presidente Maduro en 2016 y el aplazamiento de las elecciones regionales previstas para finales de 2016. Finalmente, lo que significó en términos de conflictividad, las sentencias 155 y 156, que emitió a finales del mes de marzo el TSJ, las cuales pretendieron terminar de robarle competencias a la Asamblea Nacional.
“Quiero transmitirles la urgencia de construir entre todos una solución porque la violencia va in crescendo en mi país. La GNB y la PNB impiden el derecho a la manifestación, grupos violentos armados por el Gobierno tienen permiso para sembrar terror, violar la propiedad privada y hacer destrozo de los espacios públicos, la gente ha hecho grandes saqueos de comercios y se va perdiendo el control de las manifestaciones de descontento hacia una anarquía que luego no sabemos quién va a reparar”, manifestó De Freitas.
