Transparencia Venezuela, 19 de marzo de 2024.- La Alta Comisionada adjunta de la Organización de Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, resaltó su preocupación por las medidas que se han tomado en Venezuela, en período electoral, “para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico”, e instó a las autoridades venezolanas a no aprobar la llamada Ley Antisociedad “lo cual podría, incluso, impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria que salva vidas”.
“Pido a las autoridades que se abstengan de adoptar el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela”, dijo Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al presentar una actualización sobre Venezuela en nombre del Alto Comisionado Volker Türk.
Tras manifestar su profunda preocupación por la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Caracas y expulsión del personal de la ONU, medidas que consideró “incoherentes” con lo previsto en la carta de acuerdo suscrita con el gobierno de Venezuela, destacó las detenciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición venezolana.
Hizo mención especial a la detención y procesamiento del dirigente de Fundaredes, Javier Tarazona, y de la defensora Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano.
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Nada Al-Nashif pidió la liberación inmediata de quienes están detenidos arbitrariamente, al tiempo que destacó la liberación de 34 personas tras la firma del Acuerdo de Barbados, aunque precisó que muchos siguen sometidos a procesos judiciales con presentaciones periódicas.
A propósito de ese acuerdo pidió su “aplicación íntegra y de buena fe” y recordó a las partes firmantes “que los derechos humanos deben ser el centro de las negociaciones.
Precisó, además, que desde 2023 en la oficina del Alto Comisionado se registraron 69 liberaciones.
Sobre las desapariciones forzadas
La representante del Alto Comisionado de la ONU indicó que desde enero de 2023 esa oficina ha contabilizado 18 casos de desaparición forzada en Venezuela, lo que significaría que al menos ocurre un caso por mes.
Es de destacar las características que Al-Nashif atribuyó a la desaparición forzada. “Son personas que fueron detenidas y se las mantuvo incomunicadas durante horas e, incluso, semanas. Durante ese período se ofreció la negativa de reconocer la privación de libertad o se ocultó el paradero de esas personas”.
Destacó que esos detenidos luego “afrontaron acusaciones de conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y blanqueo de dinero”.
Además, la funcionaria resaltó que, aunque el Estado venezolano tiene el deber de mantener el orden público, las medidas tomadas contra estas personas deben “ser compatibles con el principio de legalidad y seguridad jurídica”. Y agregó: “incluye ello a todos los presuntamente acusados de violencia o de incitar a la violencia. Ellos también tienen derecho a un proceso conforme al derecho internacional”.
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En su prestación la funcionaria de la ONU también destacó la reducción de las muertes en el contexto de operaciones de las fuerzas del orden desde 2019. Pero también manifestó que el Alto Comisionado ha recibido denuncias por malos tratos a detenidos, que en algunos casos podrían equivaler a casos de torturas.
Sobre la situación de los privados de libertad, llamó al Estado venezolano a “garantizar el acceso al agua, alimentos adecuados y a la salud”.
En este punto destacó que desde julio de 2023 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado han realizado 7 visitas a centros de detención, elevándolas a un total de 70 visitas realizadas desde 2019.
Acceso a alimentos, salud y educación
La actualización sobre la situación de Venezuela del Alto Comisionado también abarcó el goce y disfrute de derechos fundamentales para la vida.
Así, Al-Nashif destacó que, aunque se haya registrado un crecimiento económico en Venezuela en los dos últimos años, “el acceso a la alimentación, salud y educación siguen afrontando retos estructurales como la falta de personal y de financiamiento, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y a las comunidades indígenas y campesinas”.
En nombre del Alto Comisionado insistió en el “impacto negativo desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población” de las sanciones dictadas por varios países.
Además, hizo un llamado a mejorar el ingreso económico de los venezolanos y sobre ese particular dijo que “se deben realizar esfuerzos adicionales para ajustar el salario mínimo al costo de vida”.
En relación con las protestas por derechos sociales y económicos enfatizó que la Oficina del Alto Comisionado “no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios o las funcionarias encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, me preocupan los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”.
Elecciones transparentes, inclusivas y participativas
En esta actualización, la Alta Comisionada adjunta de la Organización de Naciones Unidas, Nada Al-Nashif reiteró el llamado ya hecho por esta instancia a que los procesos electorales “sean transparentes, inclusivos y participativos”.
Insistió en que entre las condiciones esenciales para procesos electorales están la protección de derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro.
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