Transparencia Venezuela, 19 de octubre de 2021.- Esposado, con traje naranja y el cabello largo, Álex Saab, tras ser extraditado a Estados Unidos por Cabo Verde, compareció ante el juez Henry O’Sullivan del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, quien le notificó de los 8 cargos en su contra– un por conspiración para lavar dinero y 7 por ese mismo delito– y acordó una nueva audiencia el 1 de noviembre, a solicitud de la defensa, en la que el empresario colombiano debería declararse o no culpable de blanquear USD 350.000.000, resultado de las ganancias ilegales que habría obtenido tras un contrato suscrito con el gobierno de Venezuela, para la construcción de viviendas para personas de bajos recursos.
En Estados Unidos 56 personas se han declarado culpables en casos relacionados con Venezuela y han colaborado con la justicia, entregando información valiosa para desarticular tramas de criminales, según registros de Transparencia Venezuela. La justicia estadounidense es la que tiene más investigaciones sobre corrupción con origen en el territorio venezolano, con al menos 41 causas iniciadas y 78 expedientes abiertos, hasta septiembre de 2021.
Cuando un señalado se declara culpable, puede acordar una rebaja de la pena por los datos que suministre que permitan desentrañar los hechos ¿Hará Álex Saab lo mismo? ¿Se declarará culpable o inocente?
Hay que recordar que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, detenidos a finales de 2015 y entregados a Estados Unidos, se declararon no culpables ante la justicia de Estados Unidos lo que derivó en un largo proceso que culminó en noviembre de 2017, cuando fueron condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico.
Matthías Krull, condenado a 10 años por la trama de lavado de USD 1.200.000.000 provenientes de Pdvsa, conocida como el caso Money Fligth, recibió una reducción sustancial, a tan solo 3 años y medio de condena, considerada una de las mayores reducciones en la historia de Estados Unidos por su colaboración con las autoridades federales, elogiada por los fiscales del caso en el Distrito Sur de Florida, para desarticular la red internacional que desfalcó a la petrolera venezolana. Krull cumple arresto domiciliario con movilidad restringida.
La esposa de Álex Saab, Camilla Fabri, está en Caracas, con sus hijos, y en un acto público dijo que su esposo no colaborará con la justicia de Estados Unidos, mientras que la condición de diplomático que Nicolás Maduro le atribuye lo obligaría a no revelar información “concerniente a la seguridad y defensa de la nación”, tal como reza en una carta dirigida desde la Cancillería de Maduro al mismo Saab, fechada el 1 de julio de 2020, cuando el empresario aún estaba preso en Cabo Verde, misiva en la que le recordaron que estaría obligado a “mantener altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad, con respecto a la información clasificada que posee”.
Si Saab se declara no culpable, será el inicio de un proceso que se presume largo, en el que se ventilarán pruebas y argumentos. Ya el juez O’Sullivan le negó la fianza. Basta esperar cuál es la estrategia de defensa en la audiencia prevista para el 1 de noviembre y si será permitido el acceso vía internet, después que cerca de 350 personas se conectaron para ver al acusado en su primera comparecencia, lo que causó problemas relacionados con la divulgación de las imágenes en redes sociales, puesto que el juez lo prohibió explícitamente en pleno acto.
¿La punta del icerberg?
El nombre de Saab saltó a la palestra pública a finales de 2017 cuando el portal Armando.Info, en una investigación periodística, lo señaló de ser el principal responsable de una trama de corrupción en el cuestionado programa de distribución de alimentos a precios subsidiados ejecutado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sobreprecios y compra de alimentos de mala calidad, o a punto de expirar, fueron algunas de las irregularidades que habría cometido Saab, junto a otros socios como el también colombiano Álvaro Enrique Pulido (Germán Rubio).
Las informaciones periodísticas y las denuncias hechas por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, hicieron que el Departamento estadounidense de Justicia fijara su mirada en los empresarios señalados. En 2019 los investigadores norteamericanos presentaron cargos contra Saab y Pulido, por supuestamente haber lavado hasta USD 350.000.000 que habrían obtenido a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Pese a que un primer momento las autoridades ignoraron los señalamientos, la detención en julio de 2020 de Saab en Cabo Verde, durante una escala en un viaje con destino a Irán, hizo que todo cambiara. A los días las autoridades venezolanas revelaron que era embajador ante la Organización Africana y que su viaje era una “misión oficial”.
Aunque para el grueso de los venezolanos era un desconocido hasta que en 2017 su nombre comenzó a aparecer en los medios, en el chavismo tenían años conociendo al ahora reo de la justicia estadounidense y haciendo negocios con él. Así, por ejemplo, en 2011 firmó un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas en un acto en el Palacio de Miraflores presidido por el fallecido Hugo Chávez y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.
¿Sangrando por la herida?
Las reacciones a la extradición no se hicieron esperar. Así, el Gobierno venezolano no solo emitió un comunicado calificando la medida de “secuestro”, sino que suspendió las negociaciones que venía manteniendo con la oposición en México, bajo el auspicio de Noruega.
Pero como si esto no fuera suficiente, las autoridades decidieron volver a encarcelar a los seis directivos de Citgo que desde 2017 se encuentran detenidos, por presuntas irregularidades en el manejo de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Como se recordará estas seis personas fueron convocadas a una reunión en Caracas y nada más arribar fueron aprehendidos.
En abril de 2021, la justicia decidió imponer a los directivos, cinco de ellos de nacionalidad estadounidense (José Pereira Ruimwyk, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas), una medida de arresto domiciliario. Sin embargo, en lo que parece una retaliación decidió dejarla sin efecto, sin explicación alguna, aseguró su abogada defensora, María Alejandra Poleo.
