Transparencia Venezuela 12 de abril de 2021.- Las presuntas ejecuciones extrajudiciales de campesinos y la detención de periodistas perpetradas por integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FANB) durante los combates que desde marzo mantienen con disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han hecho saltar las alarmas en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estamos profundamente preocupados por las denuncias sobre la situación de los Derechos Humanos que desde el 21 de marzo de 2021 (se vienen registrado) en el contexto de la escalada de enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados no estatales en el estado Apure. Seguimos de cerca lo que ocurre y documentando la situación de Derechos Humanos”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada Michelle Bachelet.
Desde el despacho de Bachelet están alertas “por el grave impacto de los enfrentamientos que han provocado que miles de residentes locales huyan de la zona a través de la frontera; por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y por la detención de periodistas y defensores de los derechos humanos arrestados”.
Unos 5.000 apureños han debido cruzar la frontera hacia Colombia huyendo de los enfrentamientos que los militares venezolanos mantienen con guerrilleros neogranadinos instalados en el estado llanero. Pero si esto no fuera suficiente, el 21 de marzo una familia habría sido ajusticiada efectivos de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) y luego presentada como una célula insurgente.
“Soy Fabiola Álvarez, mujer del único hijo restante de la familia. Los 2 señores eran mis suegros y los dos muchachos mis cuñados, hicieron una masacre, un falso positivo porque jamás y nunca fueron guerrilleros. Mi suegro era trabajador del campo, mi cuñado un niño, mi suegra una señora de casa que nunca estuvo en la calle; siempre estaba atendiendo su hogar”, denunció una de las supervivientes de los hechos, mediante un audio difundido por el periodista Junio Parra.
¿El caso El Amparo se repite?
Los hechos ocurridos con esta familia se asemejan mucho a lo registrado en 1988 en la población El Amparo, también en el estado Apure, según la denuncia de representantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
El 29 de octubre de 1988 agentes del extinto Comando Específico “José Antonio Páez (Cejap) asesinaron a 14 pescadores y luego los hicieron pasar como presuntos guerrilleros colombianos. El testimonio de los sobrevivientes Wolmer Pinilla y José Augusto Arias permitió sacar a la luz la verdad. Por estos sucesos ningún militar ni policía fue sentenciado y ello le valió a Venezuela su primera condena internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación y desde Provea han reclamado que se llegue hasta las últimas consecuencias porque, de lo contrario, la justicia internacional tendrá más motivos actuar frente al caso venezolano. “En un contexto en el cual se han producido crímenes de lesa humanidad desde el 2014, la masacre de El Ripial agranda el expediente que lleva la Corte Penal Internacional y reafirma las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, denunció Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de Provea.
Que cese el hostigamiento a periodistas y activistas
La Oficina de Bachelet también expresó su preocupación por la detención e incomunicación, por más de 24 horas, de los periodistas del medio colombiano NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, y de los activistas de la organización Fundaredes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, quienes además fueron despojados de sus pertenencias y equipos de grabación.
“Subrayamos que los medios de comunicación y sus empleados, así como los defensores de los derechos humanos deben ser protegidos”, resaltó la vocera de la ONU.
