Transparencia Venezuela, 18 de febrero de 2019.- Como un “asalto”. Así calificó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de designar – el 13 de febrero de 2019 – una junta ad hoc para que se encargue de administrar temporalmente a la empresa Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (Pdvsa); y por ello no dudó en tomar acciones contra los designados.
La decisión la adoptó de oficio, es decir sin que mediara solicitud alguna, la Sala Constitucional en su sentencia número 39 del 14 de febrero y en ella acusó al Parlamento, por segunda vez menos de una semana, de reeditar el “Carmonazo”.
“La Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional se encuentra en un desacato abierto, flagrante y contumaz, evidenciando intenciones golpistas, pues en similares circunstancias a las consideradas en el documento contentivo del Golpe de Estado ocurrido el 12 de abril de 2002 (véase, entre otros, el artículo 8 del documento en cuestión, transcrito en sentencia n° 06 del 8 de febrero de 2019 de esta Sala), pretenden en esta oportunidad asaltar a Pdvsa y a sus empresas filiales, bajo argumentos falaces, incongruentes y abiertamente reñidos con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para designar la Junta Directiva de la misma y de sus empresas filiales”, se lee en el dictamen, el cual se produjo aprovechando un recurso que a principios de 2017 interpuso el entonces diputado oficialista y hoy gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, contra la mayoría legislativa.
Esta fórmula fue la misma que le permitió a la instancia judicial dictar su fallo 6 y declarar “nulo e inexistente” el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, que el 5 de febrero dictó la AN.
Pero la intérprete de la Carta Magna no se limitó a declarar “nulo de nulidad absoluta” los nombramientos hechos por el Parlamento. Además actuó contra los designados (Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada, David Smolansky, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero, Andrés Padilla, Ángel Olmeta, Javier Troconis, Rick Esser y Luis Urdaneta), a quienes prohibió salir del país y les congeló sus cuentas y bienes, por considerar que están incursos en “delitos de acción pública (…) para el mantenimiento de la soberanía nacional, la independencia del país y el resguardo del sistema socio-económico de la República Bolivariana de Venezuela, y en su totalidad el mantenimiento del orden social y constitucional”.
Asimismo, y en previsión de que los designados no se encontraran en el país, instó a la Sala de Casación Penal para que “inicie a la brevedad posible los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional”, es decir para que acuerde su extradición. Esta solicitud, sin embargo, debería ser pedida por el Ministerio Público.
Por último, el TSJ instó al Gobierno de Nicolás Maduro y a la directiva de Pdvsa a tomar las medidas necesarias para garantizar la producción de petróleo.
La AN procedió a nombrar nuevas autoridades de Citgo, para conseguir que esta empresa no sea sometida a las sanciones que la Casa Blanca ha impuesto a funcionarios chavistas para presionar un cambio político.