Transparencia Venezuela, 5 de agosto de 2024. “Bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel”. La exfiscal Maglen Marín Rodríguez está comprobando en carne propia esta frase del escritor y poeta estadounidense Henry David Thoreau (1817-1862), pues ella ha terminado tras las rejas por no pedir la privación de libertad de algunos de los detenidos por participar en las protestas registradas en Venezuela, luego de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El arresto de Maglen Marín Rodríguez, quien era fiscal Sexta de Anzoátegui, fue anunciado el pasado 3 de agosto por el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, quien en su cuenta de X , acusó a su otrora subalterna de incurrir en los delitos de “retraso u omisión intencional de funciones”, por no procesar a procesar a “Alfenis José La Rosa González, José Eduardo Malaver Rondón, Luis Antonio Bericote Malavé y Edén de Jesús Naranjo Monasterios, señalados en una investigación llevada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas”.
Saab anunció que los cuatro detenidos fueron imputados por la Fiscalía 9 de Anzoátegui por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir”.
El fiscal general indicó que “dichos sujetos fueron los responsables de realizar los actos vandálicos suscitados en el Municipio Sotillo y financiaban a un grupo de personas (motorizados) y participaron activamente en las guarimbas realizadas posterior a las recientes elecciones presidenciales”.
De acuerdo al registro del IVSS, Marín Rodríguez ingresó al Ministerio Público en 2023 y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en 2008.
Minutos después de difundir el mensaje en la red social X, el fiscal general venezolano hizo una segunda publicación sobre el caso:
¿Un caso Afiuni 2.0?
Lo ocurrido a la exfiscal Marín Rodríguez recuerda a lo vivido por la exjueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, quien fuera detenida en diciembre de 2009 por acatar una instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que instó a Venezuela a excarcelar al exbanquero Eligio Cedeño, en virtud de que tenía más de dos años presos sin ser enjuiciado.
Un día después Hugo Chávez pidió para ella “pena máxima” y sus deseos fueron cumplidos. A la juez la encarcelaron un tiempo en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde habría sufrido malos tratos y abusos por parte de internas y custodios.
Su proceso se demoró casi una década, y en 2019 el juez Manuel Antonio Bognanno, condenó a la entonces jueza a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero.
El encarcelamiento de Afiuni sirvió, a juicio de expertos como la magistrada jubilada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, para “controlar al Poder Judicial”. Y esto ahora se repite, según el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano, Zair Mundaray.
“El mensaje es absolutamente evidente o estamos alineados con la represión o irán presos”, afirmó a Suprema Injusticia, e indicó que dentro del Ministerio Público hay una gran coacción y mucho temor.
El Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, del 16 de septiembre de 2021, señala que exjueces y exfiscales consultados “realizaban su trabajo bajo el temor de ser sometidos a procesos penales” y otros entrevistados explicaron “un perceptible giro a la baja en la independencia judicial” tras las acciones penales iniciadas contra Afiuni.
Y más allá del Ministerio Público
El caso de la exfiscal Maglen Marín Rodríguez es el más grave, pero no sería el único ejemplo de castigo a quienes no siguen las instrucciones emanadas desde las más altas instancias. Así Zair Mundaray denunció que al menos siete defensores públicos del estado La Guaira fueron removidos de sus cargos porque “no cumplieron las instrucciones ilegales” que les giró el defensor público general, Daniel Herrera.
De acuerdo con Mundaray, Herrera habría ordenado a los defensores públicos que tienen los casos de los detenidos en las recientes protestas que no le den información a los familiares sobre su paradero, estado de salud o sobre el proceso y que tampoco les permitan a sus defendidos exponer sus argumentos ante los jueces.
Otra prueba de los riesgos de la provisionalidad de los fiscales venezolanos
Los casos de la exfiscal Maglen Marín Rodríguez y de los defensores removidos corroboran los riesgos que implica el alto grado de provisionalidad reinante en la justicia venezolana.
La inmensa mayoría de los fiscales y la totalidad de los defensores públicos son provisorios, temporales o accidentales; es decir no han ingresado a esas instituciones mediante los concursos de oposición ordenados por la Constitución venezolana, sino que han sido designados a dedo por las máximas autoridades de ambos organismos.
Al no participar en concursos los fiscales y defensores públicos no gozan de estabilidad en sus cargos y, por lo tanto, pueden ser removidos de un momento a otro, sin necesidad de ningún procedimiento donde se le garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa.
No seguir una instrucción, por irregular o abiertamente ilegal que sea, les puede costar el puesto o algo peor a los funcionarios judiciales.
