Transparencia Venezuela, 27 de octubre de 2021.- A pocos días de la visita de Karim Khan, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional dos activistas de Fundaredes fueron excarcelados con medida cautelar de presentación cada 8 días. Sin embargo, Javier Tarazona, director general de la organización no fue liberado y permanece en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), policía política de la administración de Nicolás Maduro.
La medida, que sigue siendo restrictiva de la libertad, fue aplicada en el caso de los representantes de Fundaredes Omar de Dios García y Rafael Tarazona.
«Nuestros compañeros merecen libertad plena pues son inocentes, no hay argumentos para someterlos a un régimen de presentación», señala un mensaje de Fundaredes a través de su perfil en Twitter. La organización también confirmó que su director general Javier Tarazona permanece en el Helicoide. «Debe ser liberado sin ninguna condición ni restricción porque es inocente de los delitos que pretenden imputar», agregó la publicación.
Javier Tarazona y los activistas Omar de Dios García y Rafael Tarazona fueron detenidos el día 02 de julio de 2021 luego de asistir a la sede de la Fiscalía en la ciudad de Coro, estado Falcón a denunciar persecución y acoso en su contra por funcionarios policiales de la región y agentes del Sebin y sujetos sin identificación. Fueron acusados de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, delitos que la justicia imputa frecuentemente contra los activistas y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Fundaredes, a falta de información oficial del Estado, denunció y le hizo seguimiento al conflicto armado entre el ejército venezolano y disidentes de la Farc que se registró en marzo de 2021 en la zona fronteriza del estado Apure y que dejó un saldo aún desconocido de fallecidos.
Criminalización
El arresto de los 3 activistas de Fundaredes es uno de los casos más emblemáticos de la persecución de las autoridades venezolanas contra las organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y organizaciones humanitarias.
Julio de 2021 fue el mes con más registros de ataques y amenazas contras las organizaciones y activistas, según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) que identificó más de 140 agresiones en tan solo ese mes.
El centro para los Defensores y la Justicia explicó en su informe publicado en agosto de 2021, que el “Estado venezolano recrudece la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos», y alertaron que los riesgos para quienes defienden promueven y exigen derechos aumentan”.
Human Rights Watch denunció en diciembre 2020 que desde noviembre de ese año las autoridades venezolanas afines a Nicolás Maduro han llevado a cabo una “campaña sistemática de persecución” contra las organizaciones humanitarias y de derechos humanos en el país, congelando sus cuentas bancarias, emitiendo órdenes detención y realizando allanamientos a oficinas y deteniendo a sus miembros para ser interrogados.