Transparencia Venezuela, 15 de septiembre de 2021.- Era 12 de junio de 2012. Ese día Hugo Chávez rubricó la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que él, asesorado por un pequeño grupo de ministros y colaboradores, realizó al amparo de la Ley Habilitante que le dio la Asamblea Nacional controlada por su partido. Hoy, casi una década después, las autoridades judiciales continúan en mora con uno de los aspectos más importantes de la modificación: La puesta en funcionamiento de los tribunales penales municipales en todo el país, figura que en ese momento fue presentada como la panacea para combatir el retardo procesal y el auge delictivo.
Una investigación realizada por Transparencia Venezuela, para la cual se consultaron resoluciones publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que están disponibles en su sitio web , arrojó que en cinco de los 23 estados del país todavía no funcionan estos juzgados, los cuales, según el artículo 65 de la norma, son los encargados de conocer los casos de “delitos de acción pública, cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho años de privación de libertad”.
Esta situación representa un claro incumplimiento a la disposición tercera de la reforma del COPP, la cual señalaba que “la creación, organización y funcionamiento de los Tribunales de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, se establecerá mediante resolución que a tal efecto dictará la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente Código en la Gaceta Oficial de la República”.
El 12 de diciembre de ese mismo año, es decir justamente al fin del lapso fijado en la reforma, el máximo juzgado cumplió con el formalismo de dictar la resolución que alumbró a las instancias. En la resolución 2012-0034 anunció la creación de los primeros 15 despachos, 11 de los cuales están en Caracas, dos en Aragua y uno en Táchira y otro en Nueva Esparta.
No obstante, nueve años después en cinco estados (Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico y Trujillo) todavía no hay uno solo funcionando. Esto a pesar de que las autoridades del TSJ prometieron que para finales de 2013 habría entre 97 y 150 operando, aseguró en enero de ese año la entonces presidenta del organismo rector del Poder Judicial, la hoy magistrada emérita Luisa Estella Morales
En lo que va de 2021, la Sala Plena del TSJ ha publicado siete resoluciones creando número de juzgados en los cinco estados dos en Anzoátegui y dos más en Sucre y uno en Monagas, Amazonas, y otro en Barinas, respectivamente. Cuando estos anuncios se materialicen, en Venezuela habrá 44 de estas instancias operando, de acuerdo con la información disponible en el sitio web del máximo juzgado y por lo publicado en la prensa.
La solución definitiva
La reforma del COPP de 2012, que fue muy cuestionada, porque no fue aprobada por la Asamblea Nacional sino por el Poder Ejecutivo, fue presentada como la solución definitiva a problemas como el retardo procesal y la impunidad. ¿El motivo? No solo creó unos nuevos juzgados que conocerían de los delitos menos graves (robos, hurtos, lesiones, etc) y que permitirían descongestionar a los demás tribunales, sino que además previó medidas para evitar las demoras en los procesos.
En la modificación se eliminó la figura de los escabinos, que no eran más que ciudadanos que fungían como jurados y que junto al juez debían decidir la suerte de los acusados. A los escabinos se les achacó el retardo procesal, cuando la realidad es que la falta de traslados de los reos a los tribunales o la ausencia de los fiscales eran las principales causas de los diferimientos de los juicios.
Asimismo, se establecieron medidas como la posibilidad de imponerle a los acusados un defensor privado si el suyo, privado, faltaba en más de dos ocasiones a las audiencias.
No obstante, el tiempo ha probado que estas medidas no han sido suficientes para resolver los problemas que aquejan a la justicia venezolana.
Promesas que se llevó el viento
La creación de los tribunales penales municipales fue apoyada con entusiasmo por el fallecido presidente Hugo Chávez, quien en febrero de 2012 aseguró: “Hay una propuesta que me parece maravillosa. La creación de tribunales penales municipales. ¡No existen! (…) Ellas, las doctoras (Luisa Estella) Morales y (la ahora fiscal general en el exilio, Luisa) Ortega Díaz tienen calculados cuántos tribunales hacen faltan. Sé que me van a pedir recursos, aprobados están. Eso es lo que aquí me corresponde para apoyar esa propuesta. Sé que habría que hacer una reforma puntual al COPP y estoy dispuesto hacerla por Habilitante. Hagámosla, sin perder más tiempo para que haya mayor suma de felicidad y de justicia”
El espaldarazo presidencial, sin embargo, no fue suficiente pues aún hoy no hay tribunales penales municipales en todos los estados y pese a que el mandato de la reforma del COPP de 2012 no se ha cumplido íntegramente el Poder Judicial en la actualidad está sumido en su enésima reforma, de la cual las autoridades tampoco han dado muchos datos.
“¡En la demora está el peligro, no perdamos más tiempo!”, advirtió Chávez en 2012 y el tiempo parece haberle dado la razón.