Transparencia Venezuela, 22 de febrero de 2021.- En saco roto. Allí fue a parar la solicitud de la relatora de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, para que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) levanten las sanciones impuestas instituciones y figuras claves en la estructura de gobierno, pues desde el viejo continente decidieron engrosar su lista de sancionados al incluir a 19 más, entre los cuales hay disidentes opositores.
El Consejo Europeo aprobó este 22 de febrero agregar más funcionarios venezolanos a registro de violadores de Derechos Humanos y de transgresores de los principios democráticos.
Entre los nuevos sancionados están militares como el almirante Remigio Ceballos Ichaso, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada; el fiscal general militar, Jesús Emilio Vásquez Quintero; el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), general Carlos Enrique Terán Hurtado y su segundo al mando, el general Carlos Enrique Caravallo Guevara. Asimismo, hay altas autoridades como los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos Lourdes Suárez Anderson, Luis Damiani Bustillos, Calixto Ortega, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán y René Degraves. También los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, Leonardo Enrique Morales Poleo y Tania D’Amelio. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, también figura entre los sancionados.
Los jefes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Manuel Pérez Urdaneta y Douglas Rico; igualmente fueron objeto de la sanción, junto a los diputados disidentes de la oposición Bernabé Gutiérrez y José Brito.
“Los individuos añadidos a la lista son responsables de menoscabar los derechos electorales de la oposición, el funcionamiento de la Asamblea Nacional y por cometer serias violaciones a los Derechos Humanos y restringir libertades fundamentales”, se lee en el comunicado del Consejo de la UE.
Como se recordará, Gutiérrez y Brito se prestaron para que el TSJ arrebatara las direcciones de Acción Democrática (AD) y de Primero Justicia (PJ) a sus legítimas autoridades. Acto seguido ambas organizaciones participaron en las elecciones legislativas de diciembre de 2020, cuyo resultado no fue reconocido ni por Estados Unidos, el grueso de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni tampoco por la UE.
Por su parte, los jefes militares y policiales ya han sido señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de la ONU como responsables de crímenes de lesa humanidad; y los integrantes del TSJ han sido señalados por impedir al Parlamento, electo en diciembre de 2015, ejercer sus potestades constitucionales.
Sin daños colaterales
Tras indicar que -con esta nueva lista- ya son 55 los venezolanos a los que ha sancionado desde 2017, Bruselas aclaró que los afectados no podrán viajar a ninguno de los 27 países que conforman el club europeo y si tuvieran bienes y fondos en alguno de ellos, serán congelados. “Las medidas no tendrán efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana y pueden revertirse”, apuntó el Consejo Europeo.
Las nuevas medidas se produjeron diez días después de que la relatora Douhan, pidiera el levantamiento de las sanciones, por considerar que “han exacerbado las calamidades preexistentes”.
La funcionaria pidió el fin de las sanciones generales económicas como de las individuales, sin explicar cómo las últimas afectan en algo al resto de los venezolanos.
