Transparencia Venezuela, 11 de junio de 2021.- Cuando restan días para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anuncie si investigará o no los presuntos delitos de “lesa humanidad” ocurridos en Venezuela, el Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente continúa con sus maniobras para evitar un pronunciamiento que implique que el organismo pondrá su lupa sobre la situación del país. Así, en lo que va de semana, ha presentado dos acciones ante el juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).
En la primera, fechada el 8 de junio, Saab solicitó una reunión con el despacho todavía encabezado por la jurista gambiana Fatou Bensouda. La petición la formuló ante la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional, a donde llevó un escrito en el que le requiere a esa instancia que “convoque una reunión con las partes (…) a fin de debatir sobre un proceso justo y adecuado y facilitar de esta manera la cooperación entre ambas instituciones”.
Menos de 48 horas después, anunció que presentó un nuevo informe sobre la supuesta incidencia y utilización de las redes sociales para “invisibilizar el trabajo que las autoridades de Venezuela están realizando para el esclarecimiento” de violaciones a los Derechos Humanos. Como en la primera ocasión anterior el funcionario no difundió el contenido íntegro del reporte.
Las acciones son la tercera y cuarta, respectivamente; que el funcionario presenta, en menos de dos semanas, ante el tribunal y se producen días después de que la fiscal Bensouda anunciara que esperaba que “en días” su despacho pudiera informar qué ocurrirá con las denuncias que tiene sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinato, que funcionarios venezolanos habrían cometido en contra de sus ciudadanos desde Nicolás Maduro llegó al poder.
No obstante, en esta misma declaración la jurista africana reiteró que “para la situación de Venezuela siempre he indicado que ahora estamos en el proceso de examinar la situación y que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”.
Guerra de micrófonos
Saab insistió en su tesis de que Bensouda está dando un trato discriminatorio al caso venezolano y calificó de “escasa” y “unidireccional” la cooperación entre ambas instancias.
Unas expresiones que fueron rechazadas por la Fiscal de la CPI. “Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, zanjó.
La primera acción que Tarek William Saab presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, el pasado 25 de mayo, tiene por propósito corregir tres errores que, a su juicio, vician el estudio que la oficina de Bensouda . En primer lugar, exige que se ordene a la Fiscalía de la CPI mantener comunicación con el Estado venezolano. También que se le permita acceder al material probatorio que sustenta la denuncia. Y, por último, que resuelva si la Fiscalía de la CPI puede analizar pruebas “sustraídas ilegalmente y aceptar fuentes de información que se acrediten parciales”.
Esta última petición persigue que se desechen las pruebas que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha ido presentado al organismo desde que en noviembre de 2017 formuló la primera denuncia contra Nicolás y cuatro generales.
