Transparencia Venezuela, 4 de junio de 2020 – El proceso de militarización de la sociedad venezolana no se detiene. La crisis provocada por la decisión de DirecTV de suspender sus operaciones en Venezuela abrió las puertas para que los uniformados se hagan con el control de esta empresa, con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al mismo tiempo trata de impedir que los venezolanos puedan disfrutar nuevamente del servicio en el corto plazo.
Así se desprende de la sentencia número 66 que la Sala Constitucional dictó el 26 de mayo de 2020 y en la cual declaró “conforme a derecho” a la junta directiva ad hoc que el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), general Jorge Eliéser Márquez Monsalve, designó en cumplimiento de la sentencia número 64, que puso a este mismo militar al frente de la empresa de servicio satelital, con la tarea de “restablecer” la señal por suscripción.
Llama la atención que de los cinco miembros de la directiva, tres son militares activos. El primero de ellos, es el propio Márquez Monsalve, quien es general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y además ocupa el cargo de ministro del Despacho de la Presidencia desde 2017. Este oficial fue sancionado ese mismo año por el Gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de participar en fraudes electorales, censurar a medios de comunicación y de estar involucrado en hechos de corrupción en el cuestionado programa CLAP. Posteriormente en 2018 y 2019 fue sancionado también por los gobiernos de Panamá y de Canadá, por legitimación de capitales y socavar las instituciones democráticas, respectivamente.
Otro militar que tratará de restablecer el servicio de televisión paga que ofrecía DirecTV es el mayor general José Adelino Ornelas Ferreira, actual secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena). Este oficial fue el último jefe de la Casa Militar del fallecido Hugo Chávez. Completa la lista el teniente coronel Miguel Ángel Ramones Galviz.
Los otros dos puestos en la directiva los ocuparán dos civiles, la viceministra de Soporte de Plataforma Comunicacional, Mardy Nilse Medina Galaviz; y el consultor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia, Alexander José Ramírez Rojas.
La Sala no reparó en el detalle que algunos de los integrantes de la “nueva” directiva están en la mira de las autoridades de otros países, en especial de las estadounidenses, que sancionaron a Globovisión y PdvsaTV, lo que obligó a DirecTV a dejar de operar el 20 de mayo de 2020 en Venezuela.
Tampoco puso reparo en que los designados tienen ya otra responsabilidad. Y, por el contrario, dictaminó que “revisada como ha sido la documentación aportada y siendo que la designación se ajusta a lo ordenado por esta Sala Constitucional, la misma se declara conforme a derecho y, en consecuencia, con plenos efectos y eficacia jurídica la Junta Administradora ad hoc de la Galaxy Entertainment de Venezuela conformada por los prenombrados ciudadanos, por lo que la misma está plenamente facultada para realizar cualesquiera acto de administración, operatividad y funcionamiento necesarios para el cumplimiento de la tutela cautelar acordada por esta Sala Constitucional”.
La presencia militar fuera de los cuarteles es notable. Más de un tercio de los cargos del gabinete del Ejecutivo han sido ocupados por uniformados activos o retirados y, actualmente, ocho de los 23 gobernadores pasaron por los cuarteles. Asimismo en 2018 Transparencia Venezuela contabilizó que al menos 60 de las 576 empresas públicas venezolanas estaban en manos de oficiales
Prohíben importar equipos de DirecTV
El nuevo dictamen del TSJ también reduciría las posibilidades de que los venezolanos puedan recuperar el servicio, si la alternativa es contratar, por ejemplo, con la filial colombiana de DirecTV. ¿La razón? En la disposición sexta del fallo se prohíbe la importación y comercialización de equipos tecnológicos y de cualquier índole relacionados con DirecTV, sin previa autorización de la Junta Administradora ad hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela.
Para ello se ordenó «oficiar al Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), a los fines que se proceda a retener dichos equipos tecnológicos y de cualquier índole e inicie los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan, a tal efecto debe informar a esta Sala”.
De la misma manera, la Sala Constitucional ordenó a la Bolsa de Valores de Caracas, a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) y al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) que le informe sobre los valores, pólizas y expedientes que la ahora intervenida compañía tenía.
