Transparencia Venezuela,7 de noviembre de 2019. El embargo de armas, equipos militares y cualquier otro material que se pueda utilizar para reprimir a la población civil, impuesto por la Unión Europea (UE) al régimen de Nicolás Maduro en 2017 seguirá vigente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la medida se ajusta a los estándares del club comunitario y no viola ningún tratado internacional.
La decisión la tomó el juzgado, con sede en Luxemburgo, el 20 de septiembre de 2019, al declarar “inadmisible” un recurso que las autoridades venezolanas interpusieron el 6 de febrero de 2018 contra las sanciones.
En el fallo, el Tribunal negó que el embargo menoscabe los derechos de Venezuela al comercio y a las relaciones diplomáticas, tal y como lo sostenían los representantes del Estado.
“Las disposiciones impugnadas no prohíben directamente a la República Bolivariana de Venezuela (…) ejercer sus derechos soberanos en las áreas y bienes bajo su jurisdicción”, se lee en el dictamen, en el cual se agrega: “Dado que cualquier Estado —o asociación de Estados— tiene derecho a decidir soberanamente cómo se propone mantener relaciones económicas con terceros Estados, las medidas en cuestión restringen indirectamente a lo sumo las oportunidades de la República Bolivariana de Venezuela a este respecto”.
En otras palabras, si las autoridades nacionales acusaron a los 28 miembros de la UE de vulnerar sus derechos a comerciar y relacionarse con ellos, la justicia europea le recordó que esos 28 estados tienen derecho a escoger con quién comercian y cuándo lo hacen.
Las sanciones fueron la respuesta de Bruselas a la brutal represión gubernamental contra las masivas protestas que sacudieron al país en 2017, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicara dos sentencias que en la práctica anularon a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La respuesta de las autoridades a esa ola de descontento popular se saldó con 131 fallecidos, 1.000 heridos y más de 5.000 detenidos.
El embargo ha dado resultados y así lo demuestran las cifras mostradas por los representantes estatales ante el Tribunal, según las cuales, en 2016 Venezuela adquirió armas y equipos militares a los países de la UE por un costo de 76 millones de euros, en 2017 ese montó llegó a 59 millones de euros y en 2018 fue de cero.
La justicia europea no solamente rechazó la demanda venezolana, sino que además condenó al Estado a pagar las costas del proceso, incluidas las del Consejo Europeo.
Mal augurio
El fallo es un mal augurio para los once funcionarios chavistas que han sido sancionados por la UE en los últimos meses por atentar contra la democracia y los Derechos Humanos, los cuales también han apelado las sanciones.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el del TSJ, magistrado Maikel Moreno; la del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; las rectoras Socorro Hernández y Sandra Oblitas; la ex vicefiscal, Katherine Harrington; el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres; y el secretario general del CNE, Xavier Moreno, han interpuesto recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE y están a la espera de respuesta.
