(Transparencia Venezuela, 3 de octubre de 2019) La decisión del Gobierno peruano de impedir el ingreso a su territorio a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del chavismo, Indira Alfonzo Izaguirre y Arcadio Delgado Rosales, marca un hito y parece demostrar que las sanciones que varios países latinoamericanos han impuesto en los últimos años a miembros del máximo juzgado por su alineación con los designios de Nicolás Maduro y su comportamiento contra la Asamblea Nacional, van en serio.
Alfonzo Izaguirre y Delgado Rosales se trasladaron el martes a Lima para participar en la Segunda Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana, la cual se celebrará en Panamá en 2020, pero al aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de la capital peruana, se les impidió el acceso “por restricciones de tipo migratorio ordenadas por el Gobierno” y fueron puestos en el primer avión de vuelta.
Alfonzo Izaguirre ha sido sancionada por el Gobierno de Canadá, mientras que Delgado Rosales fue objeto de la misma medida por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y Panamá, por las decisiones que han dictado desde el TSJ, consideradas como un ataque a la democracia y los Derechos Humanos.
Alfonzo Izaguirre, quien es presidenta de la Sala Electoral del TSJ, es la magistrada que redactó las sentencias que han impedido a los diputados del estado Amazonas asumir sus cargos, fijando un criterio judicial que ha sido la base de los ataques del máximo juzgado contra la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Delgado Rosales, quien integra la Sala Constitucional, ha redactado o respaldado todas las decisiones que esa instancia ha dictado en los últimos tres años contra el Parlamento y contra la oposición.
En enero de este año el Gobierno peruano anunció que tomaría medidas migratorias contra jerarcas chavistas, en sintonía con los 13 países miembros del Grupo de Lima, luego de que Maduro asumiera su segundo mandato, pese a los cuestionamientos internacionales a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.
Washington ya ha tomado algunas acciones contra los magistrados y su entorno. Así por ejemplo, los miembros de la Sala Constitucional y el propio presidente del TSJ, Maikel Moreno, vieron como sus visas eran revocadas o fueron incluidos en una lista negra para evitar que las obtuvieran. Las sanciones se ampliaron también contra familiares cercanos de algunos de estos funcionarios, como los hijos y esposo de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, integrante de la Sala Constitucional.
La Cancillería de Nicolás Maduro rechazó las medidas contra los miembros del TSJ y acusó al Ejecutivo peruano, presidido por Martín Vizcarra, de violar “los valores del multilateralismo y la cooperación internacional”.
¿Cambio de actitud?
La posibilidad de que el aumento de la presión internacional se traduzca en un cambio de comportamiento del TSJ, aún parece lejana.
“¡Somos soberanos! ¡Nadie nos da órdenes!”, replicó uno de los integrantes del organismo al ser consultado sobre el asunto.
No obstante, esta posibilidad no se puede dar por descartada. A finales del año pasado el magistrado Christian Zerpa, uno de los designados por el anterior Parlamento de mayoría chavista, huyó a Estados Unidos y desde allí comenzó a cuestionar la gestión de Maduro y la actitud de sus otrora colegas.
