Transparencia Venezuela, 10 de septiembre de 2019. Disolver las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) fue una de las recomendaciones que la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, formuló al Gobierno de Nicolás Maduro en su informe sobre la situación de Venezuela, publicado el 5 de julio de 2019. Sin embargo, las autoridades lejos de desmantelar a este cuestionado grupo lo han respaldado.
Así lo denunció la exmandataria chilena, en la actualización del informe que presentó el 9 de septiembre de 2019 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual además condenó el uso de la justicia militar contra civiles.
“Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, denunció Bachelet.
Organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las FAES de ser responsables de cientos de ejecuciones extrajudiciales. Entre 2017 y mayo de este año 6.856 personas perdieron la vida a manos de agentes de la ley. Tan solo el pasado mes de julio la organización Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del grupo élite.
Las alarmantes historias detrás de cada una de las cifras no han preocupado a Nicolás Maduro, por el contrario, el mandatario ha optado por respaldar al grupo. “¡Todo el apoyo para el Faes en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Que viva el FAES!” (sic), exclamó días después de publicado el reporte.
En la actualización del informe, Bachelet también afirmó que se encuentra a la espera de información detallada sobre los 104 miembros de la fuerzas de seguridad que supuestamente fueron condenados entre agosto de 2017 y mayo de 2019 por violación a los derechos humanos. Pidió que le notifiquen sobre los tipos de violaciones cometidas, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas.
Sindicalistas y ONG en la mira
Bachelet tampoco pasó por alto la condena a más de cinco años de cárcel que un tribunal militar le impuso al secretario general del Sindicato de Ferrominera, Rubén González.
“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”, sentenció la alta comisionada, quien también denunció que había documentado casos de tortura contra detenidos, en particular contra uniformados acusados de rebelión.
Asimismo, confirmó lo que era una sospecha que el capitán Rafael Acosta Arévalo, de cuya muerte se informó un día después de que Bachelet culminara su vista a Venezuela, había fallecido debido a los malos tratos que recibió mientras estuvo detenido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Bachelet tampoco pasó por alto las pretensiones del chavismo de aprobar una ley para castigar a las organizaciones de Derechos Humanos que reciban fondos de extranjero. “Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático”, alertó.
También denunció que la hiperinflación y la desastrosa política económica del Gobierno ponen en riesgo de la vida de miles de venezolanos, en especial de niños, ancianos y enfermos crónicos. Además, aseguró sentirse preocupada por el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas.
