Transparencia Venezuela, 22 de octubre de 2018.- El expediente sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela que reposa en la Corte Penal Internacional seguirá creciendo, pues la muerte del concejal opositor Fernando Albán será incorporada a la demanda que en noviembre pasado la fiscal general destituida por la cuestionada Constituyente, Luisa Ortega Díaz, presentó contra el presidente Nicolás Maduro y cuatro generales.
La información la suministró el director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, quien aseguró que ya están trabajando en la “ampliación de la denuncia”, para incorporar este nuevo hecho a los que ha presentaron originalmente.
Albán, quien era edil por Caracas y dirigente del partido Primero Justicia, habría fallecido el 8 de octubre de 2018 al arrojarse desde el piso 10 de la sede que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tiene en Plaza Venezuela, donde estaba siendo interrogado desde que tres días antes fuera detenido por agentes de ese organismo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras su vuelta de un viaje a Estados Unidos, aseguraron las autoridades. Albán habría sido detenido en el marco de las investigaciones sobre el supuesto intento de magnicidio ocurrido en agosto durante el acto aniversario de la fundación de la Guardia Nacional.
Sin embargo, las contradicciones en las que incurrieron el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab; y el ministro del Interior, Néstor Reverol Torres, han hecho que no pocos dentro y fuera del país pongan en duda esta versión y sospechen de que se haya tratado de un exceso policial.
“En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones (desde un décimo piso) cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, describió Reverol a través de su cuenta en Twitter.
Por su parte, Saab, en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló: “La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío de un piso 10”.
Razones para dudar
¿Pero qué motivos hay para dudar de la versión de las autoridades? El comportamiento de los funcionarios del Sebin en los últimos años es el principal.
“El Sebin y sus dos sedes, la de Plaza Venezuela y la de El Helicoide, se han convertido en símbolos del terrorismo de Estado que se ha venido implantando en el país. Es un organismo que ha desarrollado una política de graves violaciones a los Derechos Humanos”, sentenció Marino Alvarado, ex coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
El activista recordó que en los últimos años distintas organizaciones han denunciado nacional e internacionalmente que el organismo viene cometiendo de manera sistemática delitos como detenciones arbitrarias y masivas, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso y usurpación de autoridad, tortura y malos tratos.
El caso de las decenas de venezolanos que han permanecido detenidos en los calabozos del Sebin, pese a que jueces ordenaron su libertad; de aquellos cuyas residencias fueron allanadas o de los que fueron detenidos, sin la respectiva orden judicial, durante las protestas que sacudieron al país entre abril y julio de 2017 o el de los fallecidos en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), en la que participaron agentes del cuerpo de seguridad, permitieron a Ortega Díaz incluir al general en Jefe Gustavo González López, director del Sebin, en la lista de los jerarcas a los que denunció ante la Corte de La Haya (Holanda).
“Todas las boletas de excarcelación de las personas que permanecen secuestradas en el Sebin van dirigidas a González López y eran recibidas en su oficina y eso demuestra que hay una voluntad de mantener a las personas privadas de libertad y luego usarlas como fichas políticas (…) Él es el ejecutor principal, de todas las violaciones, en particular de las detenciones ilegales, esas que se realizan sin orden judicial”, explicó Zair Mundaray.
La demanda que la fiscal en el exilio presentó contra Maduro y cuatro altos oficiales de la Fuerza Armada se encuentra en “examen preliminar” por parte del juzgado internacional, informó la Fiscal del organismo, Fatou Bensouda, en febrero pasado. El “examen preliminar” supone una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial” de una amplia cantidad de comunicaciones e informes que documentan presuntos delitos que potencialmente pueden entrar en la jurisdicción de la Corte y en caso de que determine que hay méritos solicitara a los jueces que le permitan investigar.
