Transparencia Venezuela, septiembre 2018.- El Cuerpo Nacional Contra La Corrupción (CNCC), creado en 2014 al inicio de la primera gestión de Nicolás Maduro, recibió una ínfima porción del presupuesto nacional de año 2017. El Estado le asignó 0,003 % a este organismo casi fantasma, que para ese año solo tenía un empleado fijo.
La cifra salta a la vista, en especial en un país que es el centro de la preocupación de la comunidad internacional, con sanciones severas a una centena funcionarios, y que -de acuerdo a nuestra organización- encaja en los criterios que definen la gran corrupción: participación del más alto nivel de gobierno en irregularidades en la administración de los recursos públicos, con vinculaciones internacionales, impacto en toda la región y en medio de una absoluta impunidad.
El seguimiento hecho por Transparencia Venezuela a las finanzas públicas, pese a la opacidad reinante en el manejo del Estado, revela que en 2017 el CNCC recibió una asignación total de Bs.F 1.617.937.963 bolívares (Bs.S 16.179,38 luego de la reconversión monetaria), cifra que al cambio oficial Dicom alcanzaba los US$ 2.162.020.
De esos recursos, un total de Bs.F 1.417.683.084 (Bs.S 14.176, 83) fueron asignados a través de la Ley de Presupuesto y Bs.F 200.254.879 (Bs.S 2002, 55) por concepto de créditos adicionales.
Ese año Venezuela quedó entre los 12 países más corruptos del mundo, en el puesto 169 de 180 naciones, según el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional. Fue el peor evaluado en América Latina.
El secretismo que envuelve la información oficial impide el acceso a datos sobre la cifra asignada en 2018 a este organismo anticorrupción a través de la Ley de Presupuesto.
Del análisis hecho por nuestra organización se verificó que le han otorgado tres créditos adicionales: El primero en abril, un segundo en junio y el tercero en julio, según Gaceta Oficial 6.373, 6.381 y 6.388, respectivamente.
La cifra total por este concepto es de Bs.F 18.427.135.782 ( Es decir, Bs.S 184.271,36), que al cambio oficial representan US$ 171.614.
¿Qué es el Cuerpo Nacional Contra La Corrupción (CNCC)?
Es un organismo creado a partir de la reforma de Ley Contra la Corrupción, como parte de las atribuciones que asumió Nicolás Maduro de gobernar por decreto o vía Habilitante. Fue creado como parte de un programa de seguridad denominado Sistema de Protección para la Paz.
Para contrarrestar el manejo discrecional en beneficio de pocos del dinero de la nación, el CNCC tenía formalmente un solo empleado fijo, a tiempo completo, según la Ley de Presupuesto del año 2017. El resto de los encargados de la investigación, 140 empleados, estaban en calidad de contratados, 40 mujeres y 100 hombres.
El CNCC tiene su origen en un decreto (Gaceta Oficial N° 6.156 del 19 de noviembre de 2014) que justificaba la necesidad de crear un organismo “como respuesta del Estado en materia de Defensa Integral, ante la amenaza del fenómeno de la corrupción y sus efectos en la Seguridad de la Nación”.
El artículo 6 de ese decreto estableció que su estructura estaría conformada por la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción, una Intendencia Nacional Anticorrupción y una Policía Nacional contra la Corrupción.
El Cuerpo Nacional Contra La Corrupción (según el decreto N° 1.510, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.557 del 8 de diciembre de 2014) depende del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y además debe rendir cuentas al llamado Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria.
Su objetivo, según ese decreto, es:
“Diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción para combatir, perseguir, sancionar, castigar y neutralizar dicha categoría de delitos. Tendrá bajo su responsabilidad organizar, controlar y supervisar en el ámbito nacional, todo lo relacionado con la prevención, educación, inteligencia, análisis e investigación en la materia.
Los encargados de perseguir la corrupción
El 10 de diciembre de 2014(Gaceta Oficial Nº 40.559, Decreto N° 1.527) fue designado Superintendente Nacional Contra la Corrupción, José Humberto Ramírez Márquez, quien fue juramentado por Nicolás Maduro.
El funcionario había sido director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (2011- 2013) y dos años más tarde (2016) asumió el cargo de viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal –adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, bajo la gestión del ministro Néstor Reverol.
En el cargo de Intendente Nacional Anticorrupción fue designado Leoncio Enrique Guerra Molina, quien había sido viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica (2012) y director general encargado del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) en ese mismo año. En 2013 fue designado director general encargado de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, al tiempo que asumió como Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario en 2016.
Como director de la Policía Nacional Contra la Corrupción fue designado ese entonces Julio César Mora Sánchez, quien un año después (2015) fue nombrado jefe encargado de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por Gustavo González López, para ese momento ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Se trata de designaciones que datan de hace cuatro años. No hay información reciente sobre algún cambio en esos cargos. Tampoco sobre los recursos con los cuales realmente cuenta, ni sobre logros por su actuación. Una muestra de lo que pareciera una buena intención resguardada en la poca transparencia.
