La imagen dice más que mil sentencias. En lugar de allanar el camino hacia la construcción de una sociedad democrática, el Poder Judicial venezolano sigue levantando muros que impiden a los ciudadanos acceder a una justicia oportuna e imparcial.
Con cada fallo, los magistrados se atrincheran. Agregan un barrote a la reja que protege a los altos jerarcas del régimen chavista y dificultan aún más la posibilidad de ofrecer a los venezolanos un sistema de justicia independiente, que se ciña a lo establecido en la Constitución y las leyes del país.
Lejos de interponer más obstáculos y aumentar la brecha que los separa de la sociedad democrática, los magistrados del Tribunal Supremo deberían abrir las puertas del Palacio de Justicia, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas y donde funciona la mayoría de los tribunales penales, para atender el clamor de un país que exige transparencia y cambios para erradicar la opacidad y la corrupción.
La dama de la justicia está tras las rejas como cientos de venezolanos que pagan cárcel por pensar distinto. La democratización del país demandará superar las barreras que hoy impiden alcanzar la democracia para tener una sociedad realmente justa.
