Pese a que se presentan como la solución para los problemas del país y aseguran ser distintos entre sí, los cinco candidatos que aspiran a desbancar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo tienen cosas en común: todos militaron o al menos simpatizaron con el chavismo y cuatro de ellos tienen o han tenido problemas con la justicia.
Los nombres del exgobernador de Lara, Henry Falcón; del pastor evangélico Javier Bertucci; del empresario Luis Alejandro Ratti y del general retirado Francisco Visconti aparecen en los registros del Ministerio Público y del Poder Judicial, de acuerdo a la información suministrada desde el despacho, ahora dirigido por disposición de la Constituyente por Tarek William Saab.
El que más casos tiene
Falcón, cuya postulación le costó la expulsión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que rechazó participar en este proceso por considerar que no reúne las condiciones de transparencia necesarias, es quien más asuntos pendientes tiene con la justicia: Seis, y todas ellas están relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante sus gestiones al frente de la Alcaldía de Barquisimeto (2000-2008) y de la Gobernación de Lara (2008-2017).
De acuerdo a la información suministrada la primera investigación, numerada como 13-F22-167-11, fue abierta por las fiscalías 53 Nacional y 22 del estado Lara el 19 de julio de 2011 y está relacionada con las supuestas irregularidades en las que el candidato incurrió en 2006 mientras fue alcalde, al adjudicarle a la empresa Emica, a dedo, el contrato para la construcción de una academia de fútbol para niños.
La siguiente averiguación, numerada como 13-F22-184-11, la abrieron los mismos despachos fiscales tres días después de la anterior y ésta tiene que ver con los presuntos hechos de corrupción en los cuales habría incurrido Falcón al inicio de su primer mandato como gobernador de Lara (2008-2012) por la contratación de unos avisos para publicitar las obras de rehabilitación del distribuidor El Rodeo-Carora. En este caso, la Fiscalía sospecha que el dirigente político violó la Ley de Contrataciones Públicas al adjudicarle el contrato a la empresa Instituto Venezolano de Asfalto Tevail, sin celebrar concurso alguno.
El tercer proceso se inició el 26 de agosto del mismo año y en el mismo los investigadores señalaban al ex aliado del fallecido Hugo Chávez ya devenido en opositor, de incurrir en los delitos de enriquecimiento, pagos fraudulentos y certificaciones falsas durante la ejecución de un plan para paliar la escasez de agua y combatir la epidemia de cólera que en 2010 golpeaba al estado Lara.
Para ambas iniciativas la gobernación que dirigía Falcón destinó Bs. 16,4 millones de bolívares (US $ 3,8 millones para la época), según la información que reposa en la Fiscalía.
La cuarta averiguación, la cual reposa en el expediente 13-F22-260-11, fue abierta el 31 de agosto del mismo año y se relaciona con Transbarca, el sistema de transporte masivo para la ciudad de Barquisimeto. Para este proyecto, que se inició en 2005, los gobiernos central, regional y municipal desembolsaron unos US $ 387 millones, pero no fue terminado sino hasta 2013 y luego de que el Ejecutivo Nacional asumiera el control de la obra, tras los sucesivos retrasos y paralizaciones.
Pese a que el Estado realizó pagos equivalentes a 72% del monto presupuestado de la obra, para 2007 la misma apenas presentaba un avance de 20%, según la información que manejaba la Fiscalía y la Asamblea Nacional.
Por este caso el fallecido Hugo Chávez pidió investigar en 2009 a su otrora aliado, demanda que reiteró Maduro en 2013. Esta última solicitud fue atendida por la Comisión de Contraloría del Parlamento, entonces presidida por el chavista Pedro Carreño, la cual declaró que Falcón fue responsable por el daño que sufrió el patrimonio nacional.
La quinta y sexta investigación datan de 2011 y 2014 respectivamente y se iniciaron por denuncias que particulares presentaron contra el entonces gobernador, al que señalaron de incurrir en hechos de corrupción. El caso de la construcción del sistema de transporte de Barquisimeto (Transbarca) también figura en esta averiguación, en la que no solo aparece implicado Falcón, sino también su antecesor en la Gobernación de Lara, el chavista Luis Reyes Reyes, quien fue otro de los promotores del proyecto.
Pese al tiempo transcurrido, ninguna de estas averiguaciones terminó ante un juez y la Contraloría tampoco tomó cartas contra el ahora abanderado.
Convictos y confesos
El nombre del pastor evangélico Javier Bertucci también aparece en los registros de la Fiscalía, pero no una, sino dos veces. La primera causa contra el aspirante presidencial se inició el 30 de agosto de 2011 cuando era presidente de la empresa Tecnopetrol y fue aprehendido por agentes de la Guardia Nacional en el estado Carabobo tras incautar un camión de dicha empresa que cargaba 2.500 toneladas métricas de diésel, las cuales serían presuntamente enviadas de contrabando a República Dominicana en un buque carguero.
De acuerdo a las indagaciones hechas por los fiscales del caso, el camión de Bertucci habría salido de la refinería de El Palito.
En agosto de 2013 el Tribunal 1 de Juicio de Puerto Cabello condenó al ahora candidato por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado, manejo ilícito de materiales o desechos clasificados como peligrosos, asociación y tráfico de ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos. Sin embargo, el fallo fue anulado semanas después por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo, la cual consideró “inmotivada” y ordenó la repetición del juicio, lo cual no ha ocurrido.
Tres años después, la Fiscalía volvió a poner sus ojos sobre Bertucci, debido a que su nombre apareció mencionado con los llamados “Panamá Papers” que salieron del bufete Mossack Fonseca. Durante la gestión de la ahora exiliada fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el Ministerio Público solicitó a su homologo panameño información sobre el pastor devenido en político.
Por su parte, el empresario Luis Alejandro Ratti no solo figura en los archivos de la Fiscalía, sino del Poder Judicial, porque en la víspera de Nochevieja de 2007 se declaró culpable del delito de estafa. De acuerdo a la información que reposa en el Ministerio Público, el empresario, quien formó parte de una agrupación pro chavista, admitió su crimen ante el Tribunal de Aragua, ante el cual fue presentado tras ser detenido por la policía. Sin embargo, no pasó más que unas horas tras las rejas porque el juzgado decidió dejarlo en libertad condicional.
El abanderado del Frente Amplio Nacional Bolivariano, el general (r) Francisco Visconti Osorio, también tuvo problemas con la justicia, debido a que participó en la segunda intentona golpista contra el gobierno del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, ocurrida el 27 de noviembre de 1992. Tras el fracaso de la insurrección, la cual dejó decenas de fallecidos y heridos, el oficial se exiló junto a otros sublevados en Perú, donde pasó unos meses y en 1994 volvió al país, donde estuvo detenido poco tiempo hasta que el desaparecido presidente Rafael Caldera le sobreseyó la causa y lo liberó.
El único candidato presidencial que no tenido asuntos con la justicia es el ingeniero Reinaldo Quijada, quien se postuló con Unidad Popular 89. El nombre del articulista de Aporrea, también vinculado al oficialismo, no figura en los registros de la Fiscalía ni del Poder Judicial.
Protegido por la silla
El presidente Maduro tampoco tiene ninguna causa judicial abierta, su investidura lo protege. La Constitución, en su artículo 266, establece que cualquier intento por procesar al Jefe del Estado debe contar con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual está totalmente controlado por el Gobierno, porque 29 de sus 32 miembros simpatizan abiertamente con él.
Sin embargo, el nombre del candidato a la reelección ha salido a relucir en las investigaciones que la Fiscalía de Brasil y la venezolana, antes de ser intervenida por la Asamblea Nacional Constituyente, conducen por los sobornos que la constructora Noberto Odebrecht pagó a funcionarios de varios países a cambio millonarios contratos de obras públicas.
Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, el publicista brasileño que ideó la última campaña presidencial de Chávez, aseguró a las autoridades judiciales del gigante suramericano que en 2012 el entonces canciller Maduro le pagó 11 millones de dólares “en efectivo” por los servicios de su marido y que dichos fondos salieron de Odebrecht y otras empresas brasileñas que tenían contratos con el Gobierno venezolano.
Asimismo el ex presidente de la filial venezolana de la empresa, Euzenando Prazeres de Azevedo, confesó a los fiscales brasileños que pagó 35 millones de dólares para financiar la campaña de Maduro de 2013.
Por último, el mandatario tiene en La Haya (Holanda) una causa pendiente, la que el pasado 17 de noviembre interpuso Ortega Díaz contra él y cuatro militares en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad en los que habría incurrido desde 2013. Dicha instancia anunció este año que analizaría de manera “preliminar” la información recibida sobre los abusos ocurridos durante las protestas que sacudieron al país el año pasado.
Para la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, estos datos son reflejo de lo irregular del proceso comicial del 20 de mayo.
“El país se merece otros candidatos, pero en estas elecciones que no son aceptadas por nadie en el mundo civilizado los buenos candidatos no se han postulado (…) Las personas con ciertas credenciales quieren unas elecciones con unas mínimas condiciones y ahora no están dadas esas condiciones”, afirmó, aunque dejó en claro la politización de la justicia hace imposible determinar la certeza de los señalamientos contra los abanderados.
