La Asamblea Constituyente se instaló y enseñó los dientes. La creación de la “Comisión de la Verdad”, la remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la discusión de la “ley constitucional contra el odio”, refuerzan el aparato represivo que despliega el régimen chavista para arrasar con la disidencia en Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro ya tiene su tribunal de inquisición. La Asamblea Constituyente formó una “Comisión de la Verdad” para investigar y sancionar a los responsables de los “hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia” ocurridos en Venezuela desde 1999, cuyos únicos culpables según el relato chavista son los dirigentes de la oposición venezolana.
La jefa de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, no dejó lugar a dudas al momento de aprobar la ley de la “Comisión de la Verdad”, que definió como “un instrumento muy poderoso para determinar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y fácticos, se han dedicado desde 1999 a subvertir el Estado de Derecho”.
Desde que el difunto presidente Hugo Chávez tomó posesión en febrero de 1999, el oficialismo ha denunciado que es víctima de una especie de “golpe continuado” impulsado por el “imperialismo” norteamericano y la “oligarquía”. El gobierno que ha administrado este país durante 18 años, achaca a la oposición que tacha de “terrorista”, “golpista” y “fascista” el origen de todos los males, incluidos la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, la inflación de tres dígitos –o cuatro- y el constante aumento de la criminalidad.
“Toda persona que deje de cumplir las obligaciones de colaborar (con la ‘Comisión de la Verdad’) o que obstaculice esas obligaciones incurrirá en hechos punibles”, advirtió el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lanzando una especie de ultimátum a la disidencia que no reconoce la legitimidad de esta instancia.
Activada la “Comisión de la Verdad”, Maduro se presentó ante la Constituyente y consignó para su inmediata aprobación una “ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia”. “Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel”, comentó el mandatario sobre el contenido de su proyecto.
Actuando como juez y parte, Maduro identificó en su discurso a los únicos promotores del odio que quiere poner tras las rejas: “Hay un resurgimiento de las corrientes neonazis, fascistas y el odio y la intolerancia que impulsaron ellos, lo impulsó la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora), lo impulsó la derecha”.
El régimen chavista aprieta las tuercas de su mecanismo de persecución política. La Constituyente descabezó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y designó en su lugar a Tarek William Saab, antiguo gobernador del PSUV que venía desempeñándose como defensor del Pueblo y es una ficha absolutamente leal a Maduro. Con este nombramiento, el Ejecutivo recuperó el control de la institución que dirige la acción penal y lleva el registro de víctimas de la violencia, clave en el sistema judicial.
El distanciamiento de Ortega Díaz hizo que el mandatario venezolano recurriera a los tribunales militares para procesar a líderes y simpatizantes de la oposición. El gobierno destituyó a la fiscal argumentando que promovía la “impunidad”, pues no acusaba a la cúpula de la MUD por los más de 120 muertos y casi 2 mil heridos que se han registrado desde el comienzo de las protestas en abril. Los expertos del Ministerio Público afirman que 25% de esos asesinatos fueron cometidos por policías y soldados, y 40% por bandas paramilitares identificadas con el oficialismo.
La ONG Foro Penal informó que en Venezuela existen 676 presos políticos. De acuerdo con sus cálculos, entre 2002 y mayo de 2017 al menos 123 venezolanos fueron asesinados por los cuerpos represivos del régimen. Por otra parte, datos oficiales arrojan que casi 200 personas han fallecido (asesinadas o en distintos incidentes) en el marco de las protestas enfrentadas por Maduro desde que sucedió a Chávez en abril de 2013.
En la mira
Maduro no ha disimulado sus intenciones. “Ya tiene su celda lista, solo estoy esperando que llegue la Constituyente”, amenazó el 20 de julio al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Activado este foro conformado por 545 militantes de la revolución, el jefe de Estado confirió a la “Comisión de la Verdad” “plenos poderes” para “actuar de oficio” contra los diputados opositores, “y levantarle la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad parlamentaria”.
Sin necesidad de apelar a la “Comisión de la Verdad”, el chavismo ha utilizado en los últimos días a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para defenestrar y ordenar la captura de seis alcaldes opositores, condenados por permitir el cierre de vías y las manifestaciones contra el Presidente en sus respectivos municipios. Igualmente, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a tres magistrados juramentados por el Parlamento bajo el cargo de “traición a la patria”.
Para inhabilitar y sacar de la carrera electoral a sus adversarios, el oficialismo suele emplear a la Contraloría General de la República, que ha armado expedientes de corrupción contra líderes como el preso político Leopoldo López, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, y la ex diputada María Corina Machado. A partir de esta semana, esa tarea también recaerá en la “Comisión de la Verdad”.
“Nosotros vamos a solicitar ante la ‘Comisión de la Verdad’ que aquel que haya atentado contra la patria sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo público y que sea severamente investigado”, indicó Cabello. En esa misma línea, Maduro sentenció que la oposición solo podrá competir en los comicios regionales, pautados para octubre, “si se sienta en la mesa de la ‘Comisión de la Verdad’”.
El mandatario afirma que sus detractores comparecerán ante esta instancia. “Representantes de la oposición se han puesto al servicio de la ‘Comisión de la Verdad’, y les digo que uno de ellos es el líder que ha sido fabricado desde Washington, de nombre Leopoldo López, quien ha enviado una carta y se ha puesto a la orden de la Comisión de la Verdad”, aseveró el gobernante. Según Maduro, la ‘Comisión de la Verdad’ intervino para otorgarle el beneficio de arresto domiciliario a López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión por encabezar una ola de protestas en 2014.
El ex presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, dijo que estaba dispuesto a presentarse ante la ‘Comisión de la Verdad’ y sugirió a sus colegas que, en caso de ser convocados, acudan por sus propios pies, porque “si no van, se los llevarán agarrados por el pescuezo”. Aunque señala que “con testigos falsos y pruebas ficticias pretenderán eliminar la inmunidad parlamentaria”, Ramos Allup considera que pueden aprovechar ese espacio para brindar su versión de los acontecimientos.
El Poder Legislativo alerta que la “Comisión de la Verdad” ha sido “concebida por los protagonistas de la represión indiscriminada como órgano de persecución vulnerando garantías del Estado de Derecho”.
El oficialismo siempre ha tratado de imponer su visión de la realidad. Cuando tenía la mayoría en el Parlamento, aprobó una ley para sancionar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1958-1998, periodo dominado por los partidos tradicionales que hoy están en la oposición. Ahora, con su “Comisión de la Verdad”, pretende castigar los “crímenes de la derecha” repitiendo que “solo a través de la justicia lograremos la paz”.
