Además de solicitar celeridad en la investigación del caso, el señalamiento y castigo de los funcionarios que recibieron los sobornos y el reintegro de los $ 98 millones a la Nación, los representantes de Transparencia Venezuela sugirieron a los del Ministerio Público trabajar de la mano con los fiscales de Brasil y otros países afectados por la práctica corrupta de Odebrecht
Según se reveló en el encuentro sostenido entre ambas organizaciones este martes, la Fiscalía General habría iniciado la investigación del caso que salió a la luz pública el pasado 21 de diciembre, vía Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero no ha entrado en contacto con fiscales de otros países, como sí lo han hecho Argentina, Chile y Perú.
(Caracas, 10.01.2017)
En audiencia celebrada este martes, Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela planteó a la Fiscalía General, representada por la Directora Anticorrupción y la Sub Directora de Investigación, Dras. Paula Siricastro y Raiza Sifontes, respectivamente, la urgencia de investigar los sobornos de Odebrecht a funcionarios venezolanos, y la necesidad y conveniencia de trabajar en conjunto con las fiscalías del resto de los países en los que esta empresa brasilera Odebrecht operó irregularmente a cambio del otorgamiento de grandes obras de ingeniería.
“Trabajar en conjunto con equipos de fiscales de otros países afectados, permitiría un intercambio seguro y rápido de cualquier información relacionada y la ejecución oportuna y efectiva de acciones que eviten la impunidad, responsabilicen a los ciudadanos y funcionarios públicos en caso de declararse culpables y la recuperación del patrimonio público comprometido” señaló De Freitas en la reunión[1].
Las fiscalías de Argentina, Chile, Perú y más recientemente, Colombia, han comenzado el intercambio de información con sus homólogos de Brasil, país que, conjuntamente con Suiza y Estados Unidos, logró que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia norteamericano, haber entregado sobornos por $ 788 millones a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en más de una decena de países para garantizar contratos.
De acuerdo a lo que reconoció la empresa en esa instancia de justicia, en el caso de Venezuela y solo en las presidencias de Hugo Chávez y Luis Inacio “Lula” Da Silva, se facturaron $ 11 mil millones para la ejecución de obras, muchas de las cuales se encuentran retrasadas o paralizadas.
Transparencia aspira que la investigación que señala haber iniciado la Fiscalía General, determine lo antes posible, si los sobornos fueron por este monto o uno superior, señale y procese a los funcionarios que los recibieron y gestione el reintegro de los $ 98 millones a la Nación que reconoció la empresa haber pagado.
Venezuela adquirió deuda con Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social –BNDES- para financiar los contratos con Odebrecht y otras empresas brasileras que hoy tienen sentencias firmes por corrupción en Brasil. Esa deuda pudiera haber pagado los sobornos.
Según informaciones recabadas por esta organización haciendo uso de Leyes de Presupuesto Nacional; Memorias y Cuentas de los diferentes ministerios; Gacetas Oficiales y Registro Nacional de Contratistas, a Odebrecht le habrían sido asignados contratos para la construcción de 31 obras de ingeniería, de las cuales, al menos 6 de envergadura, en los sectores de vialidad y transporte, se encuentran al día de hoy inconclusas y paralizadas.
Esta información no ha podido ser verificada por Transparencia Venezuela por las reiteradas negativas de los distintos ministerios a suministrar información pública. Para lograr el respeto al derecho ciudadano al acceso a la información pública, esta Organización introdujo tres recursos de Abstención o Carencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, dos de los cuales fueron desestimados.
Desde el año 2015 Transparencia Venezuela investiga presuntos hechos de corrupción por parte de Odebrecht y otras empresas brasileras que operaron en el país. Consulte todas nuestras informaciones al respecto aquí.
[1]Esta petición se fundamenta en lo establecido en la Constitución (artículos 51 y 62), en el Decreto de la Reforma de Ley Contra la Corrupción (artículo 10) y en los mecanismos de cooperación establecidos en las Convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 49) y Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos (artículo 19).
