Transparencia 19 de abril de 2024.- 10 días de despacho (más de dos semanas). Este es el lapso que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado a un grupo de exdirectores del Banco Central de Venezuela (BCV) para que le informen si están interesados en continuar un proceso judicial que iniciaron en 1997 para limpiar sus nombres por el caso de los auxilios financieros de 1994.
El plazo figura en la sentencia número 79 que la Sala Político Administrativa del TSJ dictó el 10 de abril de 2024 y con lo cual reactivó un proceso que, inexplicablemente, permitió que permaneciera siete años engavetado.
“Considerando que han transcurrido más de siete años desde la última oportunidad (26 de enero de 2017), en que la parte demandante actuó en el expediente, y en aplicación del criterio sentado por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, esta Sala Político-Administrativa, estima necesario, en este caso concreto, ordenar la notificación de los ciudadanos Asdrúbal Baptista, Eddy Reyes Torres, Carlos Guillermo Rangel, Carlos Hernández Delfino, Omar Bello Rodríguez, Miguel Ignacio Purroy y Antonio Casas González, o sus apoderados judiciales, para que dentro de un lapso de diez días de despacho, contados a partir de la constancia en autos de su notificación, manifiesten su interés en la continuación de la causa”, se lee en el dictamen redactado por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil.
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Sin embargo, en el dictamen no se explica por qué caso estuvo inactivo por tanto tiempo. Esto, a pesar de que desde 2011 tanto los abogados de los denunciantes como los representantes de la Contraloría General de la República (CGR) le han venido pidiendo al máximo juzgado que dictara la respectiva sentencia.
Dos de los accionantes ya no conseguirán justicia
El proceso se relaciona con el juicio de nulidad que al menos 12 exdirectores del BCV, entre ellos dos expresidentes (Ruth De Krivoy y Antonio Casas González), interpusieron a finales de 1997 contra una resolución que la Contraloría General de la República que los declaró responsables administrativamente por el “otorgamiento de anticipos al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) para el auxilio financiero de instituciones bancarias durante el lapso comprendido entre el 25 de enero y 13 de junio de 1994”.
El asunto en un principio fue estudiado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, pero luego la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema se avocó a conocerlo. Una decisión que mantuvo luego el Tribunal Supremo de Justicia.
El silencio guardado por la Sala Político Administrativa ha tenido sus consecuencias. Dos de los denunciantes (Domingo Maza Zavala y Luis Carlos Palacios Juliac) han muerto en los últimos años; y, por ello, en sus casos el organismo rector del Poder Judicial declaró la “extinción de la acción”.
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¿Qué significa esto? Que, aunque los magistrados llegasen a emitir un veredicto, la decisión no se referirá a los accionantes fallecidos; es decir en el supuesto de que se anule la resolución de la CGR, en los registros no van a figurar sus nombres.
Enterrando a una expresidenta del BCV
En el fallo también se afirma que la expresidenta del BCV, Ruth De Krivoy, falleció. Una información que el máximo juzgado asegura que obtuvo luego de revisar el Registro Electoral.
Sin embargo, esta información no es correcta. La funcionaria sigue viva e incluso esta misma semana participó en un foro organizado por la asociación VenAmérica. Suprema Injusticia revisó el padrón electoral y consiguió que De Krivoy está habilitada para votar.
La confusión surgió porque los magistrados tenían registrada una cédula de identidad que no se corresponde con la de la expresidenta del BCV.
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A tres décadas del inicio de la crisis financiera
El pronunciamiento del TSJ se produce justo cuando Venezuela acaba de conmemorar las tres décadas de la intervención, a puertas cerradas, del Banco Latino, un hecho que desató una crisis financiera sin precedentes en el país y una de las más graves en el mundo.
En las semanas siguientes distintos bancos sufrieron fuertes “corridas” (cuando los depositantes retiran sus depósitos de una vez), lo cual las dejó sin liquidez (sin fondos); y, por ello, el Gobierno debió apoyarlos.
Para fines de año 1994, al menos 75 instituciones financieras habían cerrado y otras 19 habían sido intervenidas y estatizadas. El Gobierno venezolano, el BCV y Fogade gastaron alrededor US$ 10.000 millones, lo cual equivalía al 11% del Producto Interno Bruto (PIB) para auxiliar a los bancos y luego sanear el sistema.
