Transparencia Venezuela, 15 de agosto de 2023. La condena a 16 años de cárcel que la justicia venezolana le impuso a seis sindicalistas le ha valido un jalón de orejas al Estado. Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) han condenado la decisión, por considerar que es un ejemplo del “abuso crónico” de la legislación antiterrorista para silenciar el malestar social y perseguir a los dirigentes sindicales.
“Consideramos que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela. La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del Gobierno», afirmaron Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, relatores para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación de la ONU.
El pronunciamiento lo realizaron los expertos de la ONU en un comunicado que emitieron en rechazo a la condena que el Tribunal 2 de Juicio Antiterrorista de Caracas impuso a Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco Alonso Meléndez y Emilio Negrín.
Los activistas sociales, quienes participaron en la ola de protesta que en 2022 se desató en Venezuela tras la aplicación del polémico instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), fueron declarados culpables de incurrir en los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
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«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», alertaron los relatores de la ONU.
Condena a sindicalistas en Venezuela es un mal precedente
Los relatores de la ONU tomaron nota de las denuncias realizadas por los defensores de los sindicalistas sobre la manera como se desarrolló el juicio y, por ello, no dudaron en afirmar que el proceso estuvo “marcado por irregularidades y excepcionalidades”.
Los abogados de los seis sindicalistas afirmaron que sus clientes fueron condenados a pesar de que el testigo principal en su contra jamás concurrió al proceso. Asimismo, afirmaron que se utilizaron como pruebas unas capturas de conversaciones por mensajería de texto, las cuales no fueron autorizadas por ningún juez. Esto en contravención de lo previsto en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», reclamaron los relatores, quienes instaron a las autoridades judiciales a revisar su dictamen.
Un duro golpe para la tesis oficial que niega que sean sindicalistas
El pronunciamiento de la ONU supone un porrazo para las autoridades venezolanas y en particular para el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, quien días después de emitida la condena denunció que se había desatado una campaña desinformación, la cual perseguía dañar la imagen de Venezuela y hacerla pasar como una amenaza para los sindicalistas.
“(A estas personas) les buscaron un disfraz, un ropaje y en este caso fue tildarlos de presuntos líderes sindicales”, afirmó Saab, en una rueda de prensa.
“Al ser detenidos no se encontraban realizando ninguna labor vinculada a la lucha sindical, lo más interesante es que no son trabajadores activos, no aparecen registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como trabajadores de alguna una empresa pública del Estado (…) Pertenecían no a una organización sindical, sino a una organización clandestina y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP) que planificaba varias acciones contra el Gobierno”, dijo.
Sin embargo, el funcionario se contradijo y admitió que “durante el juicio, solo un sindicato salió en defensa de estas personas”.
Las afirmaciones de Saab fueron desmentidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en una comunicación fechada el 3 de agosto tomó nota de las condenas y recordó que uno de los sentenciados, Emilio Negrín, participó en una de las reuniones del llamado Diálogo Social impulsado por esa instancia como “delegado de (el sindicato) Codesa”.
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