Transparencia Venezuela, 9 de agosto de 2023.- Una funcionaria del Ministerio Público que apenas cumplió un año como fiscal auxiliar interino con competencia en materia de drogas, fue apresada junto a su pareja por presuntamente extorsionar a un comerciante en Barinas ¿Es la primera vez que ocurre una detención de este tipo? No. Según el mismo fiscal general Tarek William Saab, desde 2017 han sido procesados más de 400 fiscales y directores del Ministerio Público por hechos de corrupción, lo que deja ver, más allá de tratar de mostrar efectividad, una situación grave, estructural y sistémica de corrupción en esa institución.
A las 9:30 de la noche del viernes 4 de agosto de 2023, el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, publicó en su cuenta personal la foto de frente de la fiscal Yuleidys Querales Carrasquel y de su esposo Javier Ávila Flores, detenidos por los delitos de extorsión agravada y agavillamiento “contra dueño de restaurante en Barinas a quien le solicitaban 30.000 $ a cambio de no involucrarlo en unos supuestos hechos”, dice el mensaje.
Según la publicación en Twitter, fueron detenidos “luego del análisis de los elementos de convicción como: Informe Técnico de Telefonía, realizada por la División de Inteligencia Antidrogas del Ministerio Público y la experticia de extracción de contenido del equipo DVR del restaurante propiedad de la víctima”.
Esta red social es una de las vías más usadas por el titular del Ministerio Público para anunciar detenciones, además de las alocuciones de Saab en las que no hay oportunidad de obtener información contrastable.
¿Quién es la fiscal detenida por extorsión?
Yuleidys Isaira Querales Carrasquel era fiscal auxiliar interino en la Fiscalía 14° del estado Barinas, designada para instruir casos relacionados con drogas. Fue designada el 14 de julio de 2022, de acuerdo con la Gaceta Oficial N°42.426, publicada el 26 de julio de 2022.
Mientras que su esposo, Javier Ernesto Ávila Flores, según registro de Transparencia Venezuela, está vinculado con la Asociación Cooperativa Agromorichal R.L., creada el 5 de junio de 2006, que tiene como objeto social la actividad agrícola y ganadera: adquisición, permuta, compra y venta de ganado, así como “la gestión de trámites ante los organismos públicos para el otorgamiento de créditos, la ejecución de programas de educación y la promoción del cooperativismo”.
No es solo anunciar un caso de corrupción
A propósito de este caso, Transparencia Venezuela insiste en la urgencia de efectuar cambios estructurales en el Ministerio Público para que los fiscales no busquen obtener beneficios con la corrupción.
La propia gestión de ese organismo es opaca, lo que facilita que ocurran corruptelas. El despacho de Saab debe empezar por la publicación de una serie de documentos como:
- Memoria y Cuenta
- Ejecución del presupuesto.
- Contrataciones del organismo.
- Sueldos y salarios de los fiscales.
- Declaraciones juradas y de intereses de los fiscales.
- Designación de fiscales por concurso público.
- Casos asignados a cada fiscal y su estatus judicial.
- Exhortos recibidos y respondidos, así como los solicitados a jurisdicciones de otros países.
- Bienes confiscados o incautados.
No es poca cosa que en seis años más de 400 fiscales y operadores del sistema de justicia en Venezuela hayan estado involucrados en casos de extorsión, narcotráfico, contrabando, entre otras actividades ilícitas. Tampoco lo es que la designación de los fiscales se haga a dedo, no por mérito y concurso público. Este saldo solo demuestra que el Ministerio Público se encuentra en una situación grave y sistémica, que tiene un impacto negativo en la eficacia del sistema de justicia venezolano.
En análisis realizados por Transparencia Venezuela se ha determinado que la actuación de la Fiscalía es opaca por varias razones:
- Se usan cifras generales, que no son consistentes y no pueden ser contrastadas.
- Se anuncia de forma escueta el inicio de investigaciones, pero es muy común que no se anuncien otras actuaciones importantes sobre los casos, como acusaciones, sentencias o absoluciones.
- Muchos medios de comunicación no tienen acceso a cuestionar los planteamientos que hace el fiscal general en sus alocuciones o publicaciones en Twitter.
De esta forma, se hace prácticamente imposible medir la eficacia del Ministerio Público o de la justicia en general; en cambio, se evidencia un interés propagandístico para tratar de demostrar que se está actuando contra la corrupción.
