Transparencia Venezuela, 3 de octubre de 2022.- Nicolás Maduro insiste en hacerse con las 31 toneladas de oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositadas en el Banco de Inglaterra. Así los representantes del jefe del oficialismo volvieron a acudir a la justicia británica para denunciar que un eventual fallo que le dé al opositor Juan Guaidó el control de los fondos supondría una amenaza para la institucionalidad venezolana. ¿El motivo? Podrían usarse para financiar “una insurrección armada en Venezuela”.
El señalamiento figura en el recurso de apelación que las autoridades chavistas presentaron ante el Tribunal Superior de Londres contra la decisión que esta instancia emitió en julio pasado y en la que rechazó tomar en consideración los dictámenes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha venido dictando en contra de la condición de Guaidó como presidente interino, un estatus que le reconocen 50 países, entre ellos el Reino Unido.
Para justificar la acusación, los abogados del BCV alineado con Maduro señalaron a Juan Guaidó y a sus partidarios de haber intentado un golpe de Estado en mayo de 2020, en referencia a la llamada Operación Gedeón. Asimismo, citaron el libro que en mayo de 2022 publicó el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark T. Esper, en el cual éste aseguró haberse reunido con Guaidó y sus asesores a principios de 2020, en la que se discutió una “operación especial dirigida directamente contra Maduro”.
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“El oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra pertenece al pueblo venezolano para ser utilizado directamente en beneficio del pueblo de Venezuela cumpliendo el mandato constitucional del BCV, no con fines políticos”, expuso el abogado Sarosh Zaiwalla, en una comunicación enviado a Suprema Injusticia.
Ojo con la corrupción
La posibilidad de que el oro termine perdiéndose en la galopante corrupción ha sido uno de los argumentos de Juan Guaidó para bloquear los intentos del Gobierno de Maduro de vender el material preciado. Sin embargo, ahora desde Miraflores le retrucado la acusación a los opositores.
Los abogados del BCV controlado por chavismo denunciaron ante el Tribunal Superior de Londres que el llamado Gobierno interino ha manejado USD 147 millones de las reservas internacionales que se encontraban en Estados Unidos. Y que su uso no está del todo claro.
Las críticas de Primero Justicia al manejo de los activos internacionales de la República por parte del “interinato” y la decisión de esa organización política de retirarse del mecanismo de control han sido argumentos esgrimidos por la administración de Nicolás Maduro como otra prueba del riesgo que corren los fondos en manos de sus oponentes.
Otro capítulo más del oro de Venezuela en Inglaterra
La magistrada Sara Cockerill, para sorpresa de propios y extraños, aceptó la apelación del BCV controlado por Maduro y, por ello, el caso volverá a una instancia superior, para que esta determine si su decisión de no aceptar como válidos los fallos del TSJ es correcta o no.
Aún no se ha fijado una fecha para que se decida la apelación, pero los abogados del Gobierno de Maduro consideran que se trata de un fallo que podría decisivo.
Esta disputa se remonta a 2019, cuando el BCV controlado por Nicolás Maduro pidió al Banco de Inglaterra que vendiera parte de las 31 toneladas de oro, para obtener divisas que paliaran la caída de la producción petrolera.
Sin embargo, las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron al Poder Ejecutivo venezolano- por su cuestionada reelección en mayo de 2018- impidió que Maduro concretara su objetivo, a lo que luego se agregó el reconocimiento de Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional como mandatario interino por varios países, por lo que el Banco de Inglaterra duda de a quién tenía que prestarle atención.
En 2020 el BCV controlado por Maduro decidió llevar el pleito a los tribunales y allí ha sostenido que quería el oro para adquirir medicamentos e insumos para combatir la pandemia del COVID-19, mediante un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La oposición, no obstante, ha rechazado movilizar estos fondos, pues teme que se podrían perder en las redes de la corrupción o ser utilizados para adquirir medios para reprimir a los ciudadanos.
El Tribunal Superior de Londres, en una primera instancia, consideró que Juan Guaidó era el legitimado para decidir el destino del oro venezolano, pero la Corte de Apelaciones rechazó ese dictamen en 2020. En 2021 el asunto terminó en la Corte Suprema del Reino Unido, que consideró que el caso debía volver a la primera etapa. En julio la Tribunal Superior volvió a considerar que Guaidó era el presidente interino y rechazó tomar en consideración los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
