Transparencia Venezuela, 19 de julio de 2022– ¿Es la directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) encabezada por Calixto Ortega Sánchez o la directiva “ad hoc” nombrada por Juan Guaidó, con el respaldo de la Asamblea Nacional electa en 2015, la que puede disponer del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra? Esta duda será despejada a más tardar en septiembre próximo por el Tribunal Superior de Londres.
El juzgado estuvo desde el pasado 13 hasta el 18 de julio escuchando los alegatos de cada una de las partes que se disputan las 31 toneladas de oro venezolano que el BCV tiene en el Reino Unido.
Este es el segundo juicio por el oro venezolano que la justicia británica celebra desde 2020, pero en esta ocasión no se busca determinar quién es el legítimo presidente de Venezuela, a los ojos del Gobierno de Londres, sino si la junta directiva ad hoc del BCV nombrada por Guaidó fue designada en estricto apego a la ley o si la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular los nombramientos hechos por la Asamblea Nacional electa en 2015 debe ser tomada en consideración para dilucidar este asunto.
El 20 de diciembre de 2021 la Corte Suprema del Reino Unido ratificó que el opositor es reconocido por el Ejecutivo británico como el Jefe de Estado “interino” de Venezuela, pero no consideró si Juan Guaidó o las personas que él ha nombrado en el BCV, con el aval del parlamento de 2015, son las que pueden disponer del oro; y, por ello, le encomendó al Tribunal Superior despejar esta duda.
¿Vale la palabra del TSJ venezolano?
El 26 de mayo de 2019, la Sala Constitucional, en su sentencia número 247 , declaró “nula de nulidad absoluta” la junta directiva “ad hoc” del BCV designada por Guaidó, con el respaldo del Parlamento, y además calificó esta decisión como un “asalto al Estado de Derecho y a todos los Poderes Públicos”.
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Sin embargo, los representantes del Gobierno interino consideran que este dictamen del TSJ estuvo viciado, por cuanto el máximo juzgado no les permitió ejercer su derecho a la defensa antes de emitirlo y además porque esta instancia legal está claramente alineada con la administración de Maduro. Los 7 magistrados que integraban la Sala Constitucional del TSJ, al momento de dictar el fallo antes mencionado, tenían claros nexos con el chavismo y 4 de ellos habían militado en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o habían desempeñado cargos en los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
A lo anterior hay que sumarle que la Sala Constitucional del TSJ, con más de un centenar de sentencias, lideró el bloqueo al Parlamento electo en 2015.
Los representantes del BCV controlado por Maduro, por su parte, desestiman estos argumentos. “La validez de las sentencias de los tribunales de una nación son asunto de esa nación y no de los tribunales de Inglaterra y Gales. Tratar de socavarlos es una grave violación de los derechos soberanos de una nación para administrar sus propios asuntos”, afirmó el abogado Sarosh Zaiwalla, en un comunicado enviado a Suprema Injusticia.
1.600 millones de dólares en disputa
Otro argumento esgrimido por los abogados del BCV controlado por Maduro es que ellos son los únicos que en realidad puede cumplir con las funciones que la Constitución venezolana le encomienda al organismo, velar por la estabilidad de los precios, de la moneda y administrar las reservas internacionales. “El directorio del BCV en Caracas es la única autoridad válidamente designada para tratar los activos extranjeros de Venezuela en interés de la población venezolana. Esta realidad, reconocida por las máximas autoridades judiciales de Venezuela, debe ser reconocida por los tribunales ingleses”, agregó Zaiwalla.
Los miembros de la junta “ad hoc” del BCV, por su parte, no se encuentran en Venezuela según los alegatos del ente emisor que responde a Maduro.
Zaiwalla advierte que un fallo contra el BCV controlado por Maduro no solo daría alrededor de 1.600 millones de dólares a personas a las que no pertenecen esos fondos y que de paso no están bajo escrutinio de los tribunales ingleses ni venezolanos, porque no residen en dichos territorios.
Los representantes de Juan Guaidó, entretanto, replican que entregarle el oro a la administración chavista abre las puertas a que estos recursos terminen engrosando la lista de casos de corrupción.
Un quinto del oro del mundo está en la capital británica y solo en las bóvedas del Banco de Inglaterra se estiman hay 5.000 toneladas del material preciado, que pertenece en buena parte a 30 bancos centrales del planeta.
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