Transparencia Venezuela, 29 de junio de 2022.– El “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional electa en 2020 no ofrece muchas más garantías de independencia y autonomía frente al Gobierno de Nicolás Maduro que el anterior. Así lo dejó en claro que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien reconoció que “los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes”.
El señalamiento lo formuló la exmandataria chilena en el último informe sobre la situación de las garantías fundamentales que presentó este 29 de junio al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el cual constató los grandes obstáculos que deben afrontar los venezolanos para ejercer la controlaría social sobre el Gobierno, debido a la escasa información pública disponible.
Pese a que hace solo tres meses calificó como “pasos prometedores” iniciativas como el proceso de renovación del TSJ puesto en marcha por el oficialismo, Michelle Bachelet admitió que el resultado final no fue el mejor. “Noto las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados”, dijo en su presentación oral.
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El artículo 264 de la Constitución Nacional de Venezuela establece claramente que los magistrados del TSJ “serán elegidos por un único período de doce años”. No obstante, en la reforma a la Ley del TSJ el Parlamento venezolano incorporó una disposición transitoria que permitió a quienes ya integraban esa instancia postularse nuevamente y gracias a eso 60% de los miembros del anterior organismo rector del Poder Judicial pasaron al actual. Esto, a pesar de que muchos de ellos tienen nexos familiares con altos funcionarios del Gobierno, desempeñaron cargos en las administraciones del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cambios en las leyes, pero pocos cambios en el terreno
Aunque en su informe Michelle Bachelet saludó las reformas a leyes como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y Código de Justicia Militar, tuvo que admitir que han tenido poco impacto a la hora de combatir males como el retardo procesal o malas prácticas.
“Se observaron demoras indebidas en diferentes etapas del proceso penal en al menos 74 casos documentados. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sigue observando frecuentes aplazamientos de las audiencias que dan lugar a detenciones preventivas que se prolongan efectivamente más allá de los límites legales. Las audiencias judiciales se pospusieron en al menos 14 casos, presuntamente debido a la escasez de vehículos o combustible para garantizar el traslado oportuno de las personas detenidas. En otros casos, las audiencias se aplazaron debido a la falta de coordinación adecuada entre los tribunales y los centros de detención, lo que impidió el traslado oportuno de las personas detenidas a los tribunales, o el expediente del caso no se transfirió a tiempo a la jurisdicción correspondiente. En cuanto a otras preocupaciones relacionadas con el debido proceso, en al menos siete casos, las personas acusadas siguieron enfrentando obstáculos para nombrar a un abogado o abogada de su elección”, se lee en el reporte, de 16 páginas de extensión.
También, la Alta Comisionada Michelle Bachelet informó que entre mayo de 2021 y abril de 2022 registró un caso de una persona que permaneció cinco años detenida preventivamente. Esto, a pesar de que el COPP anterior fijaba un límite máximo de dos años para esta medida.
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Para conseguir que los cambios pasen del papel al terreno, Bachelet cree que lo mejor es el consenso. “Las reformas deben estar respaldadas por un compromiso genuino con los actores de la sociedad civil a través de consultas significativas, inclusivas y genuinas”, escribió.
No se puede ignorar que la docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia venezolano que la Asamblea Nacional ha aprobado o reformado en el último año no han sido sometidas al proceso de consulta pública previsto en la Constitución venezolana.
¿Disolución de las FAES?
Un dato llamativo del informe es que en él Bachelet saludó la “disolución” de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).
No obstante, organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) han denunciado que esta unidad no ha sido eliminada, sino que ha sido absorbida por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada del mismo organismo policial.
Hasta el momento no hay decreto presidencial ni resolución ministerial que certifique la defunción de las FAES, como tampoco hay aquel que oficializó su creación.
El derecho al acceso a la información pública sigue preocupando a la ACNUDH
La ausencia de información pública fue otro tema en el que la saliente Alta Comisionada para los Derechos Humanos denunció que no se ha producido avances tangibles.
“La información no está fácilmente disponible en muchas áreas, incluso para evaluar los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el presupuesto nacional no se ha publicado desde 2018, y los indicadores y la información de apoyo esenciales para el seguimiento de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible seguían sin estar disponibles en gran medida. La realización del derecho de acceso a la información entraña la obligación de los Estados de poner a disposición de manera proactiva información gubernamental de interés público”, expuso Michelle Bachelet.
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Bachelet consideró como un “saludo a la bandera” la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2020.
“La ley reconoce el acceso a la información de interés público que está disponible. Sin embargo, dicho acceso se limita a que la información sea «necesaria para la participación significativa de las personas en el diseño, desarrollo y monitoreo de la gestión pública». Las solicitudes pueden ser denegadas si esto «genera una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la República», entre otros motivos. Esas formulaciones vagas permitirían restringir arbitrariamente el derecho de acceso a la información pública”, afirmó.
Representantes de la ONU no pueden ingresar en el Sebin ni en la DGCIM
Al presentar oralmente su reporte, la Michelle Bachelet denunció que su equipo ya no puede acceder a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ni de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tampoco a las cárceles militares para constatar las condiciones de quienes allí están recluidos.
El Sebin y DGCIM han sido protagonistas de dos de los más sonados casos de violación de los Derechos Humanos en Venezuela de los últimos tiempos. En 2018, el concejal opositor Fernando Albán perdió la vida mientras estaba detenido en la sede principal del Sebin, en Plaza Venezuela, y en 2019 el capitán Rafael Acosta Arévalo murió debido a los golpes que habría recibido de los funcionarios que lo tenían bajo su custodia en el DGCIM.
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