Transparencia Venezuela, 22 de junio de 2022.- Tras designar al “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la inspectora General de Tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura, la Asamblea Nacional electa en 2020 ha decidido ahora renovar el último organismo del Poder Judicial venezolano: La Defensa Pública, por lo que se dio inicio a la elección del Defensor Público General.
El Comité de Postulaciones Judiciales del Parlamento venezolano abrió el lapso para recibir las candidaturas de los interesados en dirigir la Defensa Pública, que es el organismo responsable de garantizar la representación jurídica a los ciudadanos que tienen una cuenta con la justicia y que no pueden costearse un abogado particular.
Los interesados tendrán hasta las 4 de la tarde del próximo 28 de junio para presentar sus credenciales a la instancia evaluadora que revisará los recaudos y presentará a los diputados de la Asamblea Nacional una lista, de la que deberán escoger al Defensor Público General, el sexto desde 2010.
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En la actualidad la Defensa Pública venezolana está temporalmente en manos de Daniel Ramírez, quien venía desempeñándose como Coordinador General y fue nombrado en calidad de encargado el pasado 12 de mayo por la Asamblea Nacional. Esto, a pesar de que la ley no establece esa figura.
Los aspirantes a Defensor Publico General deben tener el mismo perfil que un magistrado del TSJ
Los aspirantes al cargo de Defensor Público General deberán cumplir los mismos requisitos que quienes integran el máximo juzgado; es decir ser venezolano de nacimiento, mayor de 30 años, ser abogado y haber ejercido dicha profesión, haber sido profesor universitario o haber sido defensor público, juez y fiscal durante 10 años.
Pero además de los anteriores requisitos, los evaluadores han exigido a los candidatos que le consiguen un examen de salud mental certificado por una psicóloga o un médico psiquiatra.
Un dato llamativo es que la Asamblea Nacional reformó la Ley que regula a la sDefensa Pública para adjudicarle al Comité de Postulaciones Judiciales la tarea estudiar a los aspirantes a Defensor Público General. Originalmente la ley le daba esta tarea a otro comité.
Poniendo fin a la provisionalidad en la Defensa Pública
La designación que haga la Asamblea Nacional electa en 2020 será la sexta desde 2010, cuando el Parlamento arrebató al TSJ la potestad de nombrar a este funcionario.
La medida de la Asamblea Nacional buscaba garantizar la independencia de la Defensa Pública del TSJ. Sin embargo, esta decisión no ha servido para tal fin.
En los últimos 12 años el organismo ha tenido dos máximas autoridades titulares: Omaira Camacho y Susana Barreiros. Ninguna de esas dos funcionarias terminó su mandato de 7 años.
Después, la Defensa Pública ha sido dirigida por tres funcionarios provisorios: Ciro Araujo, Carmen Alves y Carmen Marisela Castro.
1.500 defensores públicos venezolanos son provisorios y están en riesgo de ser removidos
Pero la provisionalidad y la temporalidad en la Defensa Pública venezolana no se ha limitado a su jefatura. Así la totalidad de los 1.500 defensores públicos no son titulares, pues ninguno se ha hecho con su cargo mediante los concursos de oposición ordenados por la Constitución Nacional. ¿La consecuencia? Todos pueden ser removidos de un momento a otro, lo cual supone un riesgo para su independencia en el procesamiento de los casos que se le asignan.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), encabezada por Michelle Bachelet, ha denunciado irregularidades en la actuación de la Defensa Pública venezolana.
“En ocho casos documentados por el ACNUDH, se nombraron defensas públicas en contra de la voluntad expresa de las personas acusadas, impidiendo el acceso a un defensor de su elección. Por ejemplo, dos ciudadanos extranjeros que no hablaban español, sin entender los procedimientos, fueron representados por una defensa pública. El ACNUDH siguió recibiendo informes sistemáticos de malas prácticas por parte de las defensas públicas, incluidas presiones a las personas acusadas para que aceptaran los cargos, negligencia en el desempeño de sus funciones como abogados defensores, y ocultamiento de información relacionada con el progreso del caso a los familiares y a las personas acusadas”.
Las prácticas de la justicia venezolana que propician violaciones de DDHH
