Transparencia Venezuela, 10 de diciembre de 2021.- Tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del general (r) Ángel Vivas Perdomo y de su familia, e incluso pactarlas con ellos. Estas fueron las órdenes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) giró a la administración de Nicolás Maduro, tras constatar la situación “de gravedad” en la que se encuentra el oficial y su círculo íntimo y ante “el riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Las instrucciones las hizo pública el organismo continental en su resolución 94/2021, en la que amplió las medidas cautelares que ya habían sido emitidas a favor del militar retirado. Así lo informó la instancia mediante un comunicado de prensa.
En 2017, en una primera ocasión, la CIDH instó al Estado a garantizarle sus derechos fundamentales al militar retirado, quien en 2014 saltó a la palestra cuando, armado, se atrincheró en su casa del este de Caracas durante semanas; y se negó a entregarse a los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que pretendían arrestarlo y presentarlo a la justicia para procesarlo por presuntamente colaborar con las protestas antigubernamentales que sacudieron al país ese año. Eventualmente las fuerzas de seguridad lograron capturarlo y permaneció par de años tras las rejas, hasta que hace unos meses fue excarcelado.
Sin embargo, su liberación no supuso el fin de los riesgos para Vivas Perdomo. Por el contrario, han continuado y se han extendido hasta sus familiares. En mayo de 2021, el general (r) denunció que un grupo de presuntos ladrones intentaron irrumpir en su residencia, pero él y su esposa los repelieron. Como resultado de esa acción, su cónyuge terminó hospitalizada para tratarle una serie de heridas que sufrió en el incidente, reportó el militar en su cuenta de Twitter, mensaje en el que también responsabilizó a las autoridades de lo ocurrido.
Estos señalamientos los elevó el militar a la CIDH, instancia que tomó nota de estas denuncias, y de otras, para ampliar las medidas cautelares dictadas a su favor. “La Comisión tuvo en consideración hechos ocurridos, que indican la existencia de personas armadas que conocen los desplazamientos de la familia y presuntamente podrían estar relacionadas con personas funcionarias del Estado. También se tiene conocimiento que personas desconocidas han tenido acceso a la vivienda de la familia, y habrían tomado una foto de su interior, la cual fue enviada al señor Vivas. En otra ocasión personas desconocidas ingresaron a la vivienda y agredieron físicamente a Vivas y su esposa, causando graves lesiones físicas. Según se indicó por la representación, tras las agresiones sufridas, el acoso y seguimiento a Vivas y su familia ha continuado y se ha extendido a su hija”, se lee en el comunicado.
Las autoridades venezolanas vienen ignorando las instrucciones que hasta ahora la CIDH les ha girado en este y otros casos. Un desacato que se ha agravado tras la decisión de la administración de Maduro de retirar del país de la Organización de Estados Americanos (OEA).
