Transparencia Venezuela, 16 de agosto de 2021.- Venezuela pareciera estar un paso más cerca de convertirse en el primer país latinoamericano sobre el cual la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abre una investigación por crímenes de lesa humanidad. ¿El motivo? La instancia ya no solo asegura tener una “base razonable” para creer que en territorio venezolano han ocurrido algunos de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, sino que, además, considera que las autoridades no han tomado las medidas necesarias para castigarlos y, por lo tanto, este organismo internacional puede tomar cartas en el asunto.
La afirmación figura en el escrito en el que la Fiscalía de la CPI, cuando aún estaba dirigida por la jurista gambiana Fatou Bensouda, respondió a los señalamientos hechos por el Ministerio Público venezolano, intervenido por la cuestionada Constituyente, sobre la falta de cooperación y supuesta “discriminación” por parte de esta instancia.
«Habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales y los casos que probablemente surgirían de una investigación se concluye que encajan en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos relacionados con los posibles casos (de crímenes de lesa humanidad) identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, se lee en el documento de 10 páginas de extensión, fechado el 15 de junio, pero publicado el 10 de agosto por la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal.
Tras contrastar el número de denuncias con el de averiguaciones que efectivamente el Ministerio Público y otras instancias han iniciado, Bensouda concluyó que “las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal (…) y / o los procedimientos internos no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcialmente, lo que significa que se han llevado a cabo de manera incompatible con la intención de llevar a la persona en cuestión ante la justicia”.
Solo durante la ola de protestas antigubernamentales que sacudió al país en 2017 más de 100 personas fallecieron y miles fueron heridas y detenidas ilegalmente, siendo objeto de tortura y otro tipo de abusos. Aunque las autoridades no han presentado un balance oficial, la información pública disponible revela que la mayoría de estos casos siguen impunes. Asimismo. desde 2016 unas 18.000 personas han sido ajusticiadas por agentes policiales y militares, de acuerdo a datos manejados por organizaciones como Human Right Watch.
Las cifras suministradas por Saab corroboran la baja efectividad de su despacho a la hora de combatir los abusos y excesos policiales. Así, en septiembre pasado aseguró que desde 2017 la Fiscalía venezolana había acusado a 940 policías, militares y civiles por violaciones a los Derechos Humanos. No obstante, también admitió que apenas 127 han sido condenados por un juez; es decir el 85% de los casos continúan a la espera de una respuesta.
De dos, dos
El pronunciamiento reviste de gran importancia, por cuanto supone que el requisito de complementariedad está probado, al menos a la luz de la Fiscalía de la CPI.
¿Pero qué es el principio de complementariedad? Es una regla que aplica a la justicia internacional y que supone que una instancia internacional solo puede actuar si los órganos nacionales no han investigado ni castigado a los presuntos perpetradores de graves violaciones a los Derechos Humanos.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, en el documento la exfiscal Bensouda reafirmó su creencia de que en Venezuela hay motivos más que suficientes para abrir una averiguación.
“Como se establece en su Informe 2020 sobre actividades de examen preliminar, la Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otras privaciones graves de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional; tortura; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad; y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos”, se lee en el escrito.
En pocas palabras, dos de los requisitos necesarios para el inicio de una averiguación estarían cumplidos en el caso venezolano: El primero, que se hayan cometido delitos estipulados en el Estatuto de Roma; y el segundo, que las autoridades nacionales no los hayan sancionado.
Difíciles de engañar
Pese a que el pronunciamiento de la exfiscal Bensouda no supone el inicio de una investigación si parece allanar el camino hacia ese escenario, algo que desde el Ministerio Público intervenido por la Constituyente rechazan. “Las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno”, se lee en un comunicado emitido por Saab , en el cual se tachan de “prejuicios” los señalamientos de la jurista gambiana.
“Desconocemos cuáles sean esos casos potenciales identificados por la Fiscalía, porque durante todo el Examen Preliminar se nos ha sustraído esa información, a pesar de nuestras insistentes peticiones de conocimiento”, agregó el Tarek William Saab, quien reiteró la invitación al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, para que visite Venezuela y verifique “in situ” la situación.
El documento de la Fiscalía de la CPI parece revelar que los intentos de las instituciones venezolanas por simular que están castigando las violaciones a los Derechos Humanos han sido infructuosos.
En lo que va de 2021 el despacho de Saab ha dado giros de 180 grados en casos como el del concejal Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete. En el primero admitió que Albán no se suicidó en octubre de 2018, tal y como él mismo lo sostuvo públicamente en un principio, sino que habría sido asesinado por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que lo tenía bajo su custodia; y que en el caso del estudiante Pernalete reconoció que sí murió debido a la bomba lacrimógena que un guardia nacional le disparó, como lo aseguró en un principio el Ministerio Público cuando Luisa Ortega Díaz lo dirigía.
Un eventual anuncio del inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad supondrá que funcionarios, ex funcionarios y venezolanos de a pie estarán bajo la lupa de la Fiscalía de la CPI.
