El Judicial es el poder peor evaluado del país, con un 67% de los venezolanos que cuestiona su funcionamiento, según una encuesta realizada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad) y la firma Croes, Gutiérrez & Asociados.
La consulta desarrollada en hogares a 1.500 personas entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre de 2016, con un coeficiente de confianza de 90%, arroja como conclusión que la mayoría censura las actuaciones de los pilares de la República. En el caso del Ejecutivo, la reprobación alcanza 65,9%, casi igual que el Consejo Nacional Electoral (64,3%) y el Poder Ciudadano (62,9%). El único que se salva de la hoguera es el Parlamento, cuyo desempeño es criticado por 48,9% y avalado por 46,5%. El restante 4,7% se abstuvo de medir la labor de la Cámara.
Convertido en el ariete del presidente Nicolás Maduro en su afán de derribar a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia solo es respaldado por los oficialistas. El estudio de IVAD muestra que 83,3% de las personas que se identifican como chavistas, aplauden la gestión del TSJ y 14,9% de los rojitos la objetan. Entre los opositores y los no alineados el rechazo asciende hasta 96,9% y 79,8%, respectivamente.
A la pregunta: “¿Considera Ud. que el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial podría estar influenciado por intereses de partidos políticos?”, 70,3% respondió que sí y 26,3% que no. De nuevo, todo depende de la trinchera desde donde se mire. Mientras 96,1% de los opositores y 80,9% de los neutrales reconocen la partidización del máximo juzgado, en el campo chavista solo una minoría la admite (22,9%) y 74,4% la niega. En idéntica proporción, le gente ve la mano partidista metida en las designaciones del CNE (70,9%) y el Poder Ciudadano (70,2%).
Quienes opinan que las instituciones “actúan en total independencia entre sí”, apenas suman 31,9%. En cambio, 62,5% considera que “algunos poderes están bajo la influencia o control de otro poder”. Ese “otro poder” es el Ejecutivo para 79% de aquellos que descartan la existencia de la autonomía.
Siete de cada diez venezolanos estima que no es correcto que “el nombramiento de los integrantes de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral pueda responder a los intereses de un partido político gubernamental”. Aquí los chavistas están divididos, con 48,6% que consiente la injerencia partidista y 46,1% que no. Opositores (89,1%) y neutrales (80,6%) coinciden en su amplio repudio.
Al margen de la ley
Basándose en más de 40 sentencias que el TSJ dictó en 2016, Maduro le impuso al Legislativo la etiqueta de “desacato”. Sin embargo, la investigación de Ivad deja en evidencia que 45% cree que es el Gobierno el que irrespeta la Carta Magna, al tiempo que 22,6% acusa de lo mismo a la AN. En este punto, los poderes Electoral (43,8%) y Judicial (40,3%), así como la Contraloría (39%), el Ministerio Público (38,1%) y la Defensoría del Pueblo (37,1%) aparecen claramente por encima de la Cámara como violadores del texto fundamental de 1999.
Al revisar esos números en detalle, destaca que 44,5% de los chavistas dice que el Parlamento “nunca acata los principios constitucionales”, pero 9,4% contesta que “siempre” lo hace, 8,5% que “en general” y 36,7% que “pocas veces”. Entre los neutrales, son más (36%) los que afirman que “pocas veces acata los principios constitucionales”, y 44,5% de los opositores juzgan que lo hace “siempre”.
En cuanto al Ejecutivo, 59,2% de los chavistas asevera que “siempre acata los principios constitucionales”, en contraste con 5,3% que se inclinó por la opción de “nunca”, 8,5% por “pocas veces” y 26,1% “en general”. El grueso de opositores (71,3%) y neutrales (49,4%) no lo dudan: para ellos, Miraflores jamás se ajusta a la Carta Magna.