Un año ha transcurrido desde la instalación de la cuestionada Constituyente y aún los venezolanos no saben prácticamente nada de la nueva constitución que debería estar redactando. Lo que sí es de conocimiento público es el exceso en los que han incurrido los constituyentistas al emitir actos que violan el principio de separación de los Poderes Públicos con el único objetivo de satisfacer los deseos del Ejecutivo.
A pesar de que el artículo 347 de la Carta Magna vigente establece que la principal tarea de la Constituyente es redactar la nueva Constitución, de los 90 actos emitidos por los constituyentistas en el último año, solo 6 están relacionados con la creación de un nuevo texto constitucional, otros 26 tienen que ver con trámites administrativos y 58 se refieren a acciones que se pueden considerar inconstitucionales por cuanto se limitan a respaldar al Ejecutivo y asumen competencias propias de otros poderes, como la Asamblea Nacional.
De acuerdo con los registros de Transparencia Venezuela, de los 58 actos inconstitucionales emitidos por la Constituyente en su primer año de ejercicio 44 (76%) obedecena una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro o se hicieron para respaldar su gestión. En el propio contenido de los decretos, así como en las declaraciones en medios de comunicación se deja ver que el órgano está sometido al poder Ejecutivo y actúa para complacerlo.
Entre los 44 actos emitidos por órdenes expresas de Nicolás Maduro destacan los relacionados con la destitución de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y los cambios en el Ministerio Público. El 29 de julio de 2017 el primer mandatario nacional afirmó que el principal objetivo de la Constituyente era transformar el MP que había fijado posición en su contra, siete días después el órgano aprobó dos decretos que removían a la fiscal de su cargo y ordenaban la “reestructuración” del despacho.
El 7 de septiembre de 2017 el presidente Nicolás Maduro también afirmó que los gobernadores que habían ganado las elecciones regionales pero no se subordinaran a la Constituyente debían ser destituidos de inmediato. En octubre el órgano publicó un decreto con el que programaba unas nuevas elecciones en el estado Zulia luego de que Juan Pablo Guanipa, quien había resultado ganador, pero optó por no juramentarse ante esa instancia por considerarla ilegítima.
Además, el mandatario Nicolás Maduro giró instrucciones a la Constituyente para que convocara elecciones aún fuera del lapso fijado, el órgano obedeció y posteriormente lo juramentó como ganador. Más recientemente, el 26 de julio de 2018, Maduro pidió a los constituyentistas debatir sobre la Ley sobre Ilícitos Cambiarios y una vez más fue obedecido. El 2 de agosto fue derogado este instrumento legal, a pesar de que eso solo lo puede hacer la Asamblea Nacional.
Pese a que en 2017 el Ejecutivo vendió la propuesta de la Constituyente como la única solución a la crisis económica, social y política por la que atravesaba Venezuela, en todo este año el órgano no ha avanzado en redactar la nueva Constitución ni en mejorar la situación. Por el contrario, desde agosto de 2017 hasta la fecha la inflación se ha seguido acelerando y podría cerrar 2018 en 1.000.000%, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. Además, solo este año se han registrado 5.315 protestas sociales en el país, la mayoría de ellas por la pésima prestación de servicios públicos, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
