Transparencia Venezuela, 11 de noviembre de 2022.- La justicia venezolana sigue muy mal parada frente a la comunidad internacional, porque al menos 10 de las 17 personas a quienes la Unión Europea le ratificó las sanciones, y modificó las razones de las medidas restrictivas, son o fueron magistrados, se encargan de disciplinar a los jueces venezolanos o están al frente de altas instancias judiciales en el ámbito militar.
El Consejo de la Unión Europea aplica medidas restrictivas desde 2017 debido a la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, así como por “las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”.
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En esta ocasión decidió prorrogar hasta el 14 de noviembre de 2023 las sanciones a más de 50 venezolanos que ejercen o han ejercido cargos de niveles altos, al tiempo que modificó los motivos a 17 funcionarios y exfuncionarios.
Las modificaciones fueron aplicadas en el caso de los siguientes funcionarios, ligados al Poder Judicial venezolano.
Maikel José Moreno Pérez
- Ha apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
- Es responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional, incluido el nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) en junio de 2020.
- Contribuyó a la suspensión y sustitución de la dirección de tres partidos de la oposición en junio y julio de 2020.
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Es actualmente magistrada de la Sala Constitucional del TSJ desde diciembre de 2005 y vicepresidenta de la Sala Constitucional desde abril de 2022. Fue presidenta de la Sala Constitucional y primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Se le responsabiliza por:
- Acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Menoscabo de los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ.
- Suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020 y la prórroga por un año de la decisión sobre Acción Democrática en mayo de 2021.
- El menoscabo a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, y ha contribuido a que el poder ejecutivo menoscabe la democracia y el Estado de Derecho.
René Alberto Degraves Almarza
Es magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ desde abril de 2022. Fue integrante de la Sala Constitucional. Se le considera responsable de:
- Acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional
- Menoscabo de los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ en junio de 2020.
- Suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020 y la prórroga por un año de la decisión sobre Acción Democrática en mayo de 2021
- Menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, y ha contribuido a que el poder ejecutivo menoscabe la democracia y el Estado de Derecho.
Arcadio Delgado Rosales
Exmagistrado de la Sala Constitucional y exvicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ. Se mantiene la sanción en su contra por los siguientes motivos:
- Acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Menoscabo los derechos electorales de la oposición, incluidas la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del TSJ,
- Suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020 y la prórroga por un año de la decisión sobre Acción Democrática en mayo de 2021.
- Menoscabo la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, y por contribuir a que el poder ejecutivo menoscabe la democracia y el Estado de Derecho.
Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán
Es exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ. Ha sido responsabilizada de:
- Acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Menoscabo los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2020.
- Suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020 y la prórroga por un año de la decisión sobre Acción Democrática en mayo de 2021.
- Acciones que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, y ha contribuido a que el poder ejecutivo menoscabe la democracia y el Estado de Derecho.
Indira Maira Alfonzo Izaguirre
Exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ y expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Fue miembro de la Sala Electoral y de la Sala Plena, vicepresidente suplente del TSJ (desde 2015 hasta el 24 de febrero de 2017), y vicepresidente del máximo juzgado (desde el 24 de febrero de 2017 hasta el 12 de junio de 2020). Se le señala responsable de las siguientes acciones como miembro de la Sala Electoral del TSJ:
- Dictar medidas contra la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, “que tuvieron como consecuencia que dicha Asamblea no pudiese ejercer el poder legislativo que le correspondía”.
- Aceptar que el TSJ la designase presidenta del CNE en junio de 2020, “a pesar de que esta prerrogativa corresponde a la Asamblea Nacional”.
- Desde el CNE “reparó y supervisó las elecciones no democráticas de la Asamblea Nacional que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2020 y participó en la modificación, el 30 de junio de 2020, de las normas electorales para dichas elecciones, sin dejar formalmente el Tribunal Supremo de Justicia (permiso temporal para unirse al CNE). Tras la renovación del CNE en mayo de 2021, volvió al Tribunal Supremo de Justicia”.
- Sus acciones han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela
Gladys del Valle Requena
Inspectora General de Tribunales desde el 27 de abril de 2022. Fue diputada a la Asamblea Nacional “no elegida democráticamente, exdiputada y exvicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida”. Su sanción fue ratificada porque:
- Desde la cuestionada ANC “ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
- Firmó el decreto que privó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, de su inmunidad parlamentaria.
Juan José Mendoza Jover
Fue vicepresidente segundo del TSJ y expresidente de la Sala Constitucional (de febrero de 2017 a abril de 2022). Fue sancionado por primera vez en 2020. Se le considera responsable de:
- Acciones que han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
- Emitir resoluciones judiciales que en los dos últimos años que “han limitado o socavado las competencias constitucionales del órgano legislativo de Venezuela elegido democráticamente, la Asamblea Nacional”.
Tania D’amelio Cardiet
Es actual magistrada de la Sala Constitucional del TSJ, desde abril de 2022. Fue rectora del CNE para el período 2016-2023 y durante el período 2010-2016. Es responsable de:
- Contribuir directamente, en el desempeño de sus funciones en el CNE, “a menoscabar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al preparar las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional de 2020, al participar en la modificación, el 30 de junio de 2020, de las normas electorales para dichas elecciones”.
- Participar en la organización y ejecución de las elecciones presidenciales de 2018. Aceptar en 2016 su designación en el CNE por el TSJ, “a pesar de que esta prerrogativa corresponde a la Asamblea Nacional”.
Jesús Emilio Vásquez Quintero
Es presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar desde el 17 de septiembre de 2021. Es mayor general desde el 5 de julio de 2019 y fue fiscal general de la Fiscalía Militar (diciembre de 2017- 17 de septiembre de 2021). Se ratificó su sanción porque:
- Como fiscal general de la Fiscalía Militar, “es responsable de menoscabar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
- La Fiscalía Militar ha estado vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y a la falta de investigación de incidentes, incluido el caso de la muerte del capitán Acosta en 2019.
- Aplicó la justicia militar a la población civil.
Ministros, gobernadores, funcionarios del CNE y otros sancionados por nuevos motivos
El Consejo de la Unión Europea también amplió los motivos por los cuales seguirán sancionados otras personas que ocupan y han ocupado cargos de alto nivel en Venezuela.
Remigio Ceballos Ichaso
Es ministro de Relaciones Interiores y Justicia, vicepresidente del Gobierno de Seguridad Ciudadana, excomandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) , “responsable de coordinar las intervenciones de la FANB en las manifestaciones”. Se ratifica su sanción porque:
- Perpetró graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza y tratos inhumanos y degradantes por parte de agentes de la FANB y de las fuerzas subordinadas bajo su mando, incluida la Guardia Nacional Bolivariana.
“Numerosas fuentes, entre las que figura la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, atribuyen violaciones de los derechos humanos a la FANB y a la Guardia Nacional Bolivariana”, se señala en el reporte de la Unión Europea.
Omar José Prieto Fernández
Fue gobernador del estado de Zulia (entre 2017 y 2021). Su sanción fue ratificada por:
- Menoscabar la democracia y el Estado de Derecho en el estado de Zulia.
- Asumir el cargo de gobernador ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida “después de que el vencedor legítimo de las elecciones se negase a jurar su cargo ante la ANC.
- Promover activamente las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional que se celebraron el 6 de diciembre de 2020.
- Amenazar, en el estado de Zulia, con “visitar las casas” de los líderes de la oposición.
- Amenazar con declarar la independencia del estado Zulia “si asume el poder un gobierno de transición dirigido por Juan Guaidó”.
Tibisay Lucena Ramírez
Es ministra de Educación Universitaria desde octubre de 2021 y fue presidenta del CNE (desde abril de 2006 hasta junio de 2020). Seguirá sancionada porque:
- “Sus acciones y políticas han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
- No garantizó que el CNE “siga siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana, facilitando así el establecimiento de la Asamblea Constituyente y la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018 mediante elecciones presidenciales que no fueron ni libres ni justas”.
Freddy Alirio Bernal Rosales
Gobernador del estado de Táchira, fue director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y exprotector del estado de Táchira. Es comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La Unión Europea mantiene su sanción porque:
- “Como jefe de los CLAP y protector del estado Táchira pudo apelar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) e influir en los nombramientos de jueces y fiscales”, se lee en el documento.
- Es responsable de socavar la democracia “mediante la manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos de los CLAP entre los votantes”.
- Como comisario general del SEBIN es responsable de las actividades “que incluyen graves violaciones de los derechos humanos, como la detención arbitraria”.
Alexis Enrique Escalona Marrero
Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT, desde enero de 2018 hasta mayo de 2019), general de división en la reserva, exviceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (nombrado en 2017 por el presidente Maduro) y excomandante nacional del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS, entre 2014 y 2017). Se mantienen las restricciones en su contra por las siguientes razones:
- Es responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros del CONAS bajo su mando, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato de los detenidos.
- Es responsable de la represión ejercida contra la sociedad civil por miembros del CONAS bajo su mando.
Leonardo Enrique Morales Poleo
Fue vicepresidente del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (agosto de 2020 – mayo de 2021). El 7 de agosto de 2020, el TSJ lo designó vicepresidente del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, “a pesar de que esta prerrogativa corresponde a la Asamblea Nacional”. También desempeñó funciones en el partido Avanzada Progresista. Fue ratificada su sanción por las siguientes razones:
- Participó plenamente en el proceso de toma de decisiones del CNE.
- Apoyó y facilitó la supervisión del proceso electoral que condujo a las elecciones no democráticas de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2020. Por tanto, sus acciones han menoscabado en mayor medida la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
- Aceptó ser nombrado miembro del CNE y permaneció en su cargo de vicepresidente del CNE “mientras en Venezuela se socavaba gravemente la democracia”.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta
Ex viceministro de Relaciones Interiores y Justicia. Su cartera incluía la Prevención y Seguridad Ciudadana. Fue director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Su responsabilidad se resume así:
- En el ejercicio de la dirección de la PNB, fue responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el recurso a la fuerza física extrema contra manifestantes pacíficos, cometidas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana bajo su mando.
Una lista de peso
La Unión Europea mantiene las sanciones a otros altos cargos venezolanos, entre los que figuran Tarek William Saab Halabi, el fiscal general de la Constituyente; Diosdado Cabello Rondón, diputado y expresidente de la tan cuestionada Constituyente y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ministro del Petróleo.
En la lista total, que de acuerdo al registro de Transparencia Venezuela son 54 personas, están además Jesús Rafael Suárez Chourio, excomandante del Ejército; Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República; Elías José Jaua Milano, expresidente de la Comisión Presidencial de la Constituyente; Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Contralor General de la República y también figuran otros funcionarios y ex funcionarios vinculados del TSj entre ellos: Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
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