Transparencia Venezuela, 27 de octubre de 2022. “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”. El abogado Walter Jesús Albarrán Finol ha descubierto la veracidad de esta frase del premio Nobel de Literatura 1998, el escrito luso José Saramago, pues pese a que en 2018 consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconociera que al ser despedido de su cargo de juez le violaron sus derechos económicos y sociales, todavía no ha logrado que ese organismo cumpla lo señalado en dicho dictamen.
El accionante, quien fue ocupó Tribunal 5 de Juicio del estado Zulia, esperó a que la Comisión Judicial y Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) cumplieran lo ordenado por la Sala Político Administrativa del TSJ, en su fallos números 477 de julio de 2018 y 177 del 10 de diciembre de 2020.
En esas sentencias la sala pide verificar cuánto le adeudaban a Albarrán Finol en materia de salarios y beneficios laborales, pues al momento de su remoción estaba amparado por el fuero paternal.
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Sin embargo, en junio de 2021 y luego de dos años del último dictamen el juez solicitó a la Sala Político Administrativa del TSJ la “ejecución forzosa” de sus dictámenes. No obstante, la instancia no atendió esta petición y optó por instar a ambos organismos a cumplirla de manera voluntaria.
Así les fijó un lapso de “60 días continuos siguientes a que conste en autos la notificación de la Procuraduría General de la República”, para que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) ejecuten sus instrucciones.
Ni el Parlamento ni los alcaldes pueden incumplir, pero el TSJ sí puede
Pese a que el TSJ no le ha temblado el pulso a la hora de sancionar con dureza a quienes incumplen sus decisiones, llegando al extremo de encarcelar a funcionarios de elección popular o vaciando de funciones a un poder del Estado como la Asamblea Nacional, se muestra más tolerante y laxo cuando los que desacatan son funcionarios del mismo sistema judicial.
Albarrán Finol no es el primer juez destituido que logra la proeza de conseguir que el TSJ admita que su remoción supuso la violación de algún derecho, pero no consiga que el mismo sea reparado rápidamente.
Los jueces no tienen “suerte” en el TSJ
Suprema Injusticia ha reseñado varios casos similares, uno de ellos el de la abogada Gloria Josefina Rey, quien consiguió que la Sala Político Administrativa emitiera una nueva sentencia a su favor donde ordenaba a la Comisión Judicial y a la DEM la ejecución “forzosa” de una decisión previa en la que dictaminó su reincorporación al cargo de jueza que ostentaba en 2008.
En esa misma decisión la Sala Político Administrativa también ordenó que se pagaran a la demandante los salarios que dejó de percibir cuando fue destituida, en un procedimiento que consideró “viciado”. Este dictamen, sin embargo, parece no haber surtido efecto porque meses después se produjo otro prácticamente idéntico.
El 21 de noviembre de 2019 la misma Sala Político Administrativa publicó su fallo número 737, que ordena la ejecución “forzosa” de su dictamen 1267 de agosto de 2014, a través del cual ordenó reenganchar a la abogada Delia Raquel Martín de Anzola como jueza Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Protección del Niño y del Adolescente del estado Lara, y que le pagaran los salarios que dejó de recibir desde que fue suspendida en 2009, debidamente indexados. Todo esto tras considerar injustificada la sanción contra la funcionaria.
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