El que la hace la paga. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han comprobado en carne propia la veracidad de esta expresión popular, pues su decisión de liquidar a la Asamblea Nacional no ha pasado desapercibida en el exterior y les ha valido a 13 de sus 32 miembros sanciones por parte de los gobiernos de 31 países de América y Europa.
El repudio internacional contra los autores de las decisiones que en la práctica han anulado al Parlamento electo el 5 de diciembre de 2015 comenzó a materializarse en octubre de 2016, cuando los magistrados Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán, integrantes de la Sala Constitucional, fueron sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual los incorporó a su lista de funcionarios venezolanos castigados por atentar contra la democracia y los Derechos Humanos.
La decisión supone la anulación de la visa para ingresar a territorio estadounidense que poseían los funcionarios o su rechazo en caso de que la soliciten, así como la congelación de los fondos y bienes que pudieran tener en ese país.
Por su parte, en mayo de 2017 el mismo organismo anunció que tomaba medidas similares contra los restantes cinco miembros de la intérprete de la Carta Magna (Juan José Mendoza, Gladys Gutiérrez, Lourdes Suárez y Luis Damiani), así como contra el presidente del máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno, por “usurpar funciones” del Parlamento.
“El pueblo venezolano está sufriendo de una economía colapsada causada por la mala administración y corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia del país han exacerbado la situación al interferir constantemente en la autoridad del Poder Legislativo”, justificó en su momento el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Meses después la Unión Europea tomó medidas contra Moreno también por las mismas razones y posteriormente lo hizo Panamá.
El último gobierno en tomar medidas contra miembros del TSJ fue el canadiense, el cual en mayo decidió impedirle el ingreso a su territorio y congelar los bienes y fondos a los magistrados Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhannett Madriz, Fanny Cordero y Christian Zerpa, todos integrantes de la Sala Electoral.
Las salas Constitucional y Electoral han sido las autoras del grueso de los 60 fallos que desde diciembre de 2015 el máximo juzgado ha dictado contra el Parlamento, despojándolo de cuatro de sus integrantes, anulando sus leyes y arrebatandoles la mayoría de sus competencias en materia de control político y presupuestario sobre el Gobierno.