Transparencia Venezuela, 22 de agosto de 2022.- La persistencia de la impunidad estructural entorno a las violaciones de Derechos Humanos, la falta de mecanismos internos de reparación para las víctimas y los intentos del Gobierno por eludir el escrutinio internacional. Estas son algunas de las razones por las cuales 125 organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, entre las cuales figura Transparencia Venezuela, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extender, por una segunda vez, el mandato de la misión de expertos que creó para investigar las vulneraciones a las garantías fundamentales que vienen ocurriendo en el país.
En una carta, las organizaciones junto a algunas personalidades afirmaron que la instancia debe continuar su labor, porque es “una herramienta única y fundamental para sentar los cimientos de la verdad, la justicia y la reparación y de la protección de víctimas, sobrevivientes y familiares, así como de la población en general”.
Tras recordar que la Misión de la ONU “se creó con el objetivo de aunar esfuerzos en la búsqueda de justicia para las víctimas y servir de disuasión en la comisión de más violaciones de Derechos Humanos y posibles atrocidades”, en un documento anexo a la misiva se agrega que la prórroga de su mandato “sería un paso más para establecer las responsabilidades por el terrible sufrimiento del pueblo venezolano desde 2014” y “además, enviaría a los perpetradores el mensaje inequívoco de que tarde o temprano tendrán que responder por los delitos que están cometiendo”.
«La Misión de la ONU está preparando su tercer informe y prometió que intentará identificar a posibles responsables materiales o intelectuales de los crímenes de lesa humanidad que verificó que han ocurrido en Venezuela. También buscaría señalar a quienes no hicieron nada por evitar y castigar estos hechos.»
Ojo con las elecciones
Las representantes de la sociedad civil, en su misiva, recordaron a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que Venezuela se encamina a un nuevo ciclo electoral: En 2024 se deben celebrar comicios presidenciales y en 2025 legislativos y regionales; y por lo tanto se hace necesario el monitoreo de la Misión. ¿La razón? “En el pasado los ciclos electorales han resultado en picos de la política de represión del Gobierno”, explicaron.
“La Misión puede jugar un papel crucial de alerta temprana, monitoreando y documentando patrones de represión del Gobierno y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico. Ese monitoreo y reporte podrían mitigar el riesgo de un deterioro en la situación de Derechos Humanos y alertar a la comunidad internacional en el caso de que ese deterioro se dé”, apuntaron.
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Asimismo, las organizaciones afirmaron que la Misión de la ONU tiene mucho trabajo aún por delante, porque en el país “siguen cometiéndose violaciones a los Derechos Humanos”. Pero más allá de eso plantearon al Consejo la posibilidad de que la instancia se enfoque en grupos vulnerables (niños, mujeres, ancianos o indígenas) o en zonas en particulares donde las vulneraciones son más frecuentes que otras.
La Misión de la ONU, cuyo mandato debe expirar en septiembre próximo, está preparando su tercer informe y en este había prometido intentar identificar a posibles responsables materiales o intelectuales de los crímenes de lesa humanidad que verificó han ocurrido en el país. Asimismo, buscaría señalar a quienes no hicieron nada por evitar y castigar estos hechos.
Misión de la ONU puede apoyar a la CPI
Los firmantes sostienen que la Misión de la ONU también puede ayudar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que en noviembre pasado anunció sus intenciones de abrir una investigación sobre Venezuela, por considerar que ha sido escenario de crímenes de lesa humanidad.
“Las pruebas reunidas por la Misión y sus conclusiones pueden servir de insumo para la investigación de la CPI”, sostienen las organizaciones peticionarias, las cuales recordaron que las indagaciones de la Misión pueden ayudar a la Fiscalía a ampliar sus pesquisas.
“Por ahora, la investigación de la CPI no incluye los hechos catalogados como ejecuciones extrajudiciales, que sí pertenecen al mandato de la Misión y sin duda están entre los crímenes de derecho internacional más frecuentes y graves en Venezuela”, se agrega.
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